Lo cuestionable no es que se sancione al Estado, es que los autores intelectuales estén impunes.

Si la Nación fue condenada por las omisiones de organismos de seguridad que no adoptaron medidas efectivas para evitar el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 39 muertos y 198 heridos en el 2003 en Bogotá, no se entendería que las Farc, responsables intelectuales y materiales del hecho terrorista se queden sin responder ante la justicia, las víctimas y la sociedad por tan brutal acción.

En medio de la polémica por la condena impuesta por el Consejo de Estado a la Nación, que deberá pagar $780 millones a familiares de tres víctimas mortales de este atentado, vale la pena aclarar que las cuentas pendientes de esta guerrilla no exime a las autoridades de responder por lo que en su momento dejaron de hacer.

Según el fallo, cuando se produjo este cruento hecho el país vivía una complicada situación de orden público, por lo que las autoridades debían tomar medidas para garantizar la protección de la población civil, y en el caso del Club El Nogal se “abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República”.

Además, aunque se trataba de una edificación privada, las instalaciones del club eran utilizadas con fines institucionales por los ministerios del Interior y de Defensa.

Lo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia es que la Nación quede como única responsable, es lógico que los ciudadanos reclamen ante las autoridades, pero el papel de éstas no se puede limitar a responder pecuniariamente, sino que deben encargarse de que el hecho no quede impune, como hasta ahora lo está, y deben ir por los victimarios para que paguen.

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