Los problemas de los centros urbanos son los mismos, y en todos hacen falta uniformados.

Hace un par de días los secretarios de seguridad de las cuatro ciudades más grandes del país se reunieron para hacer un pronunciamiento conjunto y pedirle al Gobierno Nacional el aumento del pie de fuerza de la Policía, ante la compleja situación que se registra en sus jurisdicciones, en las que fenómenos como el microtráfico y el gota a gota se han convertido en los principales generadores de violencia.

Cali tiene un déficit aproximado de dos mil policías, y en materia de Fiscalía, CTI y Policía Judicial necesita otros 750 funcionarios. El panorama en Barranquilla, Bogotá y Medellín es muy similar.

Lo preocupante es que para aumentar el pie de fuerza en una ciudad, es necesario reducirlo en otra, por eso los refuerzos no son permanentes.

En ese sentido, lo que se requiere con urgencia es el aumento general del pie de fuerza de la Policía Nacional, para que cada ciudad cuente con la cantidad de personal acorde a sus necesidades de seguridad.

Sin embargo, aumentar el pie de fuerza policial no será suficiente mientras la cadena de la lucha contra el delito entre en un embudo a la hora de judicializar a los delincuentes.

El déficit de despachos y personal judicial juega a favor de capturados que terminan libres por vencimiento de términos.

En el caso de Cali el tema es más complejo por cuenta del cierre del Palacio de Justicia. En esas condiciones es poco posible garantizar que “el que la hace la paga”.

La moraleja que queda luego de la reunión de los secretarios de seguridad es que no se puede dejar a las ciudades solas en la lucha contra el delito, porque el problema es tan crítico que sobrepasa la capacidad de las alcaldías y de las comandancias locales de Policía. La Nación tiene que intervenir.

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