No se puede ocultar que Cali tiene unas condiciones de seguridad complejas, es innegable, pero calificar a la ciudad como “la sucursal del miedo” crea un estigma que en nada aporta a la construcción de una solución a un problema que, aunque más notorio en la capital del Valle del Cauca, es nacional.

El alcalde Rodrigo Guerrero envió una carta de reclamo a un programa de televisión nacional en el que la ciudad recibió ese calificativo, ante el elevado índice de homicidios, que el año pasado llegó a 1.973.

Este tipo de visiones preocupan, pues no se ajustan del todo a la realidad, son injustas con los esfuerzos que se realizan para ganarle terreno al crimen y descarga sobre las autoridades de la capital del Valle del Cauca la responsabilidad de un problema que se ve como local, pero que obedece a un fenómeno nacional.

El desplazamiento, el narcotráfico ahora convertido en microtráfico y el surgimiento de las bandas criminales, por citar algunos de los fenómenos que alimentan la compleja situación de Cali son, sobre todo, responsabilidad del Gobierno Nacional, y mientras no sean atendidos como debe ser, la ciudad no podrá sola contra el homicidio.

La solución pasa por el gobierno local, pero no depende exclusivamente de éste; mientras desde Bogotá el apoyo se limite a enviar refuerzos temporales para la Policía, algunas patrullas y radioteléfonos, sin que se ejecuten políticas sociales para evitar que más jóvenes entren al mundo del delito, siempre habrá en la ciudad quien reemplace a los delincuentes que caigan presos o muertos, y seguirá la espiral.

Las políticas de convivencia y seguridad ciudadana del Gobierno Nacional son desastrosas, y señalar a Cali permite que los responsables nacionales del tema se laven las manos y alimenta una imagen equivocada de una ciudad que si bien tiene problemas de inseguridad está muy lejos de ser la sucursal del miedo.

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