Totalmente descabelladas las críticas de quienes han cuestionado la destinación de $10.5 billones del presupuesto nacional al componente de defensa, pues consideran que ante el inicio del proceso de paz con las Farc este rubro no debería aumentar sino disminuir. Quienes así piensan, o son muy ingenuos o tratan de favorecer a la delincuencia, pues, primero, los diálogos con la guerrilla no son garantía de que se logre un acuerdo, y, segundo, el acuerdo tampoco es garantía de que se cese la violencia y bajen los índices delictivos en Colombia.

Así haya acuerdo de paz y las Farc dejen el terrorismo y el narcotráfico, lo cual parece poco probable, los otros actores del delito en el país seguirían ahí; sin guerrilla el tráfico de drogas no se acabará, el secuestro tampoco y menos la extorsión, menos la trata de personas y el contrabando, y en los centros urbanos la delincuencia común seguirá acosando a los ciudadanos de bien.

Ciudades con problemas de inseguridad críticos como Buenaventura, Cali y Tuluá, para citar ejemplos cercanos, seguirían con los mismos niveles de homicidios, robos y demás delitos aunque haya acuerdo con las Farc. Por lo tanto el presupuesto para la defensa no debe disminuir, y si se desmoviliza la guerrilla, lo que se gasta hoy en su persecución debe mantenerse y destinarse, entonces, a combatir la delincuencia urbana.

Además, aunque haya proceso de paz, el Estado colombiano debe mantener una actitud ofensiva frente a la misma guerrilla, caer en la trampa de quienes pretenden que se disminuya el presupuesto para la Fuerza Pública, sería propiciar el fortalecimiento no sólo de este grupo armado ilegal, sino también de las bandas criminales, las bandas delincuenciales y el hampa en general.

Los recursos destinados a la defensa son más que necesarios y en el fondo pueden considerarse inversión social, pues sin seguridad no hay inversión ni empleo ni calidad de vida.

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