Colombia no se ha dado cuenta de la magnitud de este flagelo.

La captura de los miembros de una banda que habría enviado tonelada y media de oro, entre los años 2014 y 2017, a varios destinos internacionales, demuestra la complejidad del flagelo de la minería ilegal.

Según la Fiscalía General de la Nación, el mineral fue extraído de manera ilegal en yacimientos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, y fue exportado desde zonas francas legales y a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, mezclado con oro extraído de manera lícita.

Lo anterior demuestra la facilidad que tiene la minería ilegal para mimetizarse en el mundo legal; después de que sale de las minas, el oro extraído de manera ilícita es casi indetectable.

Este en un problema demasiado complejo: pasa por lo ambiental, porque causa graves daños a los ecosistemas; también impacta la seguridad, porque las disputas por los yacimientos son a sangre y fuego, y por lo fiscal, pues la extracción ilegal de minerales impide que el aprovechamiento de estos recursos genere regalías. En ese sentido, se requiere un esfuerzo sistemático en todos los frentes.

Lamentablemente, la acción de las autoridades se queda corta. Cifras de la Fiscalía indican que el 70% de la minería que se practica en Colombia es ilegal, y pese a que las zonas están identificadas y se producen resultados como el citado al comienzo de este editorial, el mal sigue avanzando, ligado a la consolidación de nuevas estructuras criminales.

Enfrentar y frenar la minería ilegal tiene que ser una prioridad nacional, si las estructuras criminales están en capacidad de llegar a los puntos más recónditos de nuestras selvas con retroexcavadoras y dragas, ¿por qué las autoridades no pueden hacerlo de manera más oportuna? Lo más preocupante de este fenómeno es que parece que el país no se ha dado cuenta de su magnitud.

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