De nada servirá una reforma a la justicia que no acabe con el “nómbrame que yo te nombraré”.

Pese al escándalo por corrupción de la Corte Constitucional, que también ha puesto en el ojo del huracan a los demás altos tribunales y a los órganos de control, es muy posible que nada pase, aunque se anuncien reformas, pues, en el fondo, quienes tienen en sus manos la potestad de hacer un revolcón de verdad, no lo harán, porque no están dispuestos a perder poder.

¿El Presidente, los congresistas y los partidos políticos, que se han rasgado las vestiduras con este tema, estarían dispuestos a renunciar a su ingerencia sobre las cortes? Esa dependencia política, en la que alguien que aspira a ser magistrado tiene que buscar quien lo apadrine para ser ternado y asumir compromisos futuros como pago del favor, genera una espiral perversa de  tráfico de influencias y corrupción que va en detrimento de los derechos de los colombianos.

Si se quiere erradicar este mal de la justicia colombiana, se debe acabar con el “nómbrame que yo te nombraré”, que le da un carácter transaccional a la escogencia de los miembros de las altas cortes y de las cabezas de los órganos de control del Estado. A los magistrados se les debe quitar la facultad de elegir, su función única debe ser la aplicación de la justicia. En ese sentido, el presidente de la República no debe tener ninguna injerencia en la selección de los togados ni en la del procurador, el fiscal, el contralor o el registrador. Esto nos llevaría a una verdadera independencia de poderes en la que los contrapesos funcionarían.

Igualmente, para los magistrados debe aplicar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que impida que alguien que llega a una corte pueda ubicar a toda su familia en cargos del Estado, perdiendo su independencia.
¿Están dispuestos los altos dignatarios del Estado a hacer una reforma de verdad?

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