Parece una historia sin fin: casi una vez al mes se produce una fuga de menores infractores en Cali. En lo corrido de 2013 se han escapado 166 adolescentes y jóvenes recluidos en el mal llamado centro de formación de Valle del Lili.

Se trata, sin duda, de un problema complejo, cuyo manejo desborda la capacidad de acción de las autoridades locales, pues la legislación colombiana no permite que se tengan condiciones de reclusión acordes con el nivel de peligrosidad de los menores infractores, algunos de los cuales alcanzan niveles delictivos similares a los de adultos presos en pabellones de máxima seguridad.

El Congreso de la República está en mora de diferenciar entre menores infractores y delincuentes, y en establecer penas y condiciones de encarcelamiento acordes a las faltas en las que incurran. En el caso de Cali, por ejemplo, sólo cuatro policías custodian por fuera la correccional de Valle del Lili, en la que hay 350 jóvenes que han violado la ley.

Y si bien se requieren sitios de reclusión más seguros, con una infraestructura que evite las fugas, y cuerpos internos de vigilancia que impidan amotinamientos, medidas que deben ser inmediatas, las autoridades tienen que ir más allá y entender que el problema de los menores infractores crece cada día debido a la falta de oportunidades de educación, recreación y capacitación e inclusión para los llamados menores de alto riesgo, que son los más vulnerables frente al delito. Sólo en la capital del Valle son aprehendidos entre 10 y 20 menores infractores al día, por casos que van desde riñas hasta homicidios.

Si la sociedad no hace algo para evitar que más jóvenes entren al mundo de la delincuencia, más temprano que tarde padecerá las consecuencias, a manos de esos mismos menores de edad a quienes no se les dio una oportunidad.

Comments

Comparte esta noticia...

Facebook

Twitter

Linkedin