Buenaventura necesita reducir sus costos logísticos, mejorar su infraestructura y fortalecer su posición en el comercio exterior colombiano.

Por eso resulta contradictorio que, mientras enfrenta enormes desafíos de competitividad, la Alcaldía Distrital haya establecido un nuevo cobro por cada tonelada de carga que entra o sale de sus terminales portuarios.

La medida, adoptada mediante el Decreto 0338 de 2026, establece una tarifa de $4.235 por tonelada.

Según la Andi, podría representar más de $84.000 millones anuales en costos adicionales para el comercio exterior, una carga que puede trasladarse a importadores, exportadores y consumidores.

Es comprensible que Buenaventura necesite recursos para mejorar su infraestructura vial.

La Alcaldía sostiene que ese es precisamente el destino del recaudo.

Sin embargo, el interrogante es si encarecer las operaciones de su principal actividad económica constituye una forma sostenible de financiar esas necesidades.

La preocupación aumenta al considerar las condiciones en las que compite Buenaventura.

La profundización del canal de acceso sigue pendiente, persisten dificultades de conectividad terrestre y los costos logísticos ya representan un desafío para quienes utilizan el puerto.

Mientras tanto, las terminales del Caribe ofrecen alternativas para movilizar mercancías y Puerto Antioquia, que inició operaciones este año, amplía las opciones disponibles para importadores y exportadores.

En ese escenario, cada sobrecosto importa. Las empresas comparan tarifas, tiempos, infraestructura y eficiencia antes de decidir por dónde movilizar sus mercancías.

Si Buenaventura sigue perdiendo atractivo frente a otras terminales, el impacto puede extenderse al empleo, la inversión y los ingresos de la propia ciudad.

La competitividad de Colombia depende también de la eficiencia de sus puertos.

Y Buenaventura, con tantos desafíos pendientes, no puede darse el lujo de añadir obstáculos a quienes la utilizan para comerciar con el mundo.

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