Por omisión y por acción las autoridades de Cali han estimulado las invasiones.

Invadir tierras en Cali se convirtió en un rentable negocio ilícito estimulado por las mismas autoridades. Que no haya controles para evitar la ocupación ilegal de tierras y que después el Municipio les dé casa a los invasores son factores que han fomentado este fenómeno y que han llevado a que en la ciudad una de cada 20 hectáreas esté invadida.

Lo que está ocurriendo con los habitantes del jarillón del río Cauca es un ejemplo de los altos costos que tiene este tema para Cali. Para evitar que el dique se rompa y media ciudad quede bajo el agua, el Municipio reubicará a 7.852 familias que ocupan de manera ilegal esta estructura.

El efecto de darle casa a quienes han ocupado predios ilegalmente sienta un precedente que podría condenar a Cali a la invasión perpetua.

En la Secretaría de Vivienda del Municipio tienen información que indica que muchos reubicados en casas nuevas después, a través de familiares, han vuelto a invadir los predios que habían desalojado.

El crecimiento desbordado y desordenado de la ciudad se debe en gran medida a la permisividad de las administraciones locales de los últimos 50 años con los invasores, y ha sido alimentado por el abandono del Gobierno Nacional en las zonas más pobres del suroccidente colombiano, que ha llevado a miles de familias a migrar hacia la capital del Valle huyendo de la miseria y de la violencia.

Al problema social hay que agregar la existencia de invasores profesionales que, aprovechando la debilidad institucional, se dedican a ocupar predios para venderlos.

Hay que crear las condiciones para darle vivienda digna a quienes no la tienen, pero no se pueden validar las vías de hecho como medio para obligar al Estado a entregarle casa propia a quienes no la tienen.

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