Tanto el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, como el vigilante que interpuso la acción de tutela que desembocó en una orden de arresto por tres días para el mandatario seccional son víctimas de la inoperancia del Estado.

El humilde ciudadano, empleado del Departamento, solicitó un anticipo de cesantías y ante la falta de una respuesta oportuna interpuso un derecho de petición, que tampoco fue contestado, lo que lo llevó a entablar una acción de tutela que falló a su favor, pero no fue atendida por la administración departamental, y se dio el desacato que terminó con la orden de arresto al mandatario.

El vigilante y el gobernador terminaron envueltos en esta situación porque uno o varios funcionarios de la administración departamental fueron negligentes, y, al no atender un proceso sencillo a tiempo, no sólo violaron los derechos de un ciudadano, sino que terminaron afectando el funcionamiento del gobierno seccional con los tres injustos días de arresto al gobernador.

Este caso demuestra la necesidad de reformar la estructura administrativa del Departamento, para optimizar los recursos, entre ellos el humano, y garantizar que haya respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos.

También es necesario revisar la actitud y los perfiles de muchos funcionarios, pues en las dependencias públicas es común encontrar servidores indolentes e indiferentes frente a los requerimientos de la gente, y por no atenderlos oportunamente, no sólo afectan a un ciudadano, sino también a la administración y al sistema judicial, que en medio de su congestión, debe resolver vía tutela lo que no se hizo administrativamente.

¿Cuántas acciones judiciales no se originan en la falta de diligencia de funcionarios públicos que lleva a los ciudadanos a recurrir a acciones de tutela para hacer que se respeten sus derechos?

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