Las pruebas están en las redes sociales.

A diario, al menos un supuesto atracador es linchado en las calles de Cali.

Las brutales golpizas son registradas en videos que muestran a una sociedad acosada por los atracadores y, al mismo tiempo, enferma.

Ciudadanos que se convierten en criminales para castigar a otros criminales.

Aunque ninguna circunstancia justifique los linchamientos, está claro que la violencia desatada por la comunidad responde a dos motivos principales.

En primer lugar, el miedo que surge ante el acoso constante de la delincuencia y, en segundo lugar, la frustración por la falta de acción por parte de las autoridades.

Aquí no solo se critica a la Policía, cuya respuesta oportuna también es poco frecuente, sino al sistema judicial, que en pocas horas pone en libertad a los ladrones, incluso a los reincidentes.

Cuando la comunidad siente que no hay una defensa efectiva y que los delincuentes quedan impunes, cae en el error de recurrir a la “justicia” por mano propia, lo que a su vez genera un incremento de la violencia.

Es esencial que las autoridades cumplan adecuadamente con su deber o, de lo contrario, la situación seguirá escalando.

Para ello, es fundamental fortalecer el sistema judicial y la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar la delincuencia.

Además, de fondo y en el largo plazo, es importante promover la educación, la prevención del delito y el desarrollo de políticas sociales que aborden las causas subyacentes del crimen.

Los candidatos a la Alcaldía de Cali deben presentar propuestas concretas y realizables para recuperar la seguridad de la ciudad y evitar que Cali termine convertida, al estilo del viejo oeste, en un lugar donde se impone la ley del más fuerte.

Una cosa es la legítima defensa y otra la violencia desproporcionada.

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