Desconcerta que el Gobierno colombiano trate de librar a las Farc de su responsabilidad ante la justicia de otros países.

Ante la posibilidad de que la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc deje sin castigo los crímenes cometidos por esta guerrilla, la comunidad internacional y la justicia transnacional se han convertido en la esperanza de que no haya impunidad.

Sin embargo, las declaraciones entregadas por el presidente Juan Manuel Santos en España indican que el Gobierno colombiano está dispuesto a hacer las gestiones necesarias para evitar que los cabecillas guerrilleros respondan por sus crímenes ante la justicia de otros países y ante instancias transnacionales.

En resumen, el presidente Santos manifestó que está dispuesto a mediar ante el gobierno de Estados Unidos para que los miembros de las Farc que se desmovilicen y que son requeridos por la justicia de este país no sean extraditados.

Desde 1997 las Farc son calificadas por Estados Unidos como organización terrorista, desde 2003 este mismo gobierno las considera narcotraficantes, y en 2010 el frente 48 de esta agrupación ilegal fue incluido en la lista Clinton.

Si bien no se trata de algo tan fácil de lograr, por la severidad de la justicia estadounidense, preocupa que el Gobierno de Colombia inicie una cruzada judicial internacional para salvar a los cabecillas de las Farc de la cárcel.

Ayer se conoció que el Gobierno colombiano pidió a Estados Unidos repatriar a alias “Simón Trinidad”, extraditado en 2004 a ese país donde fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.

¿Cómo reaccionará la Casa Blanca ante estas pretensiones? Si acá el Gobierno está dispuesto a sacrificar la institucionalidad y la justicia para lograr un acuerdo con las Farc, es difícil que Estados Unidos lo haga, pues sentaría un muy mal precedente que accediera a estas peticiones para favorecer a una agrupación que representa los dos males que esta nación más combate: el terrorismo y el narcotráfico.

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