Según la Defensoría del Pueblo, el 60% de los alcaldes de Antioquia, departamento que tiene 125 municipios, están amenazados, al igual que el gobernador Aníbal Gaviria.

En Chocó cuatro alcaldes (Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar) despachan desde otras localidades, debido a amenazas del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En Caquetá, Cauca y Norte de Santander también hay mandatarios desplazados por intimidaciones del crimen organizado.

En total, en todo el país, son once los alcaldes en estas condiciones y pronto podrían ser más si no se les brindan garantías a quienes son objeto de intimidaciones.

Esto es un claro reflejo del debilitamiento de la institucionalidad ante el avance de los ilegales, que cada vez tienen más control territorial.

Lo paradójico es que esto ocurre mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene a la Policía y a las Fuerzas Militares con restricciones para actuar ante los grupos ilegales.

En medio de este panorama, es indispensable que el gobierno nacional, a través de la fuerza pública, brinde las garantías para que todos los alcaldes del país despachen desde sus municipios, primero, para enviar un mensaje de presencia estatal; segundo, para dejarles claro a los ciudadanos que no están solos y, tercero, para notificar a los criminales, llámense como se llamen, que la institucionalidad nacional no les cederá espacios.

La presencia física de un mandatario en su municipio es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración local.

Además, al permitir que los criminales expulsen a los gobernantes, de manera tácita se deja a los ciudadanos, que tienen el derecho de vivir en un entorno seguro y pacífico, en manos de los violentos.

Mientras la “paz total” que promueve el gobierno del presidente Petro consista en permitir que los criminales hagan de las suyas, el efecto será totalmente opuesto al esperado y el país, como ya ocurre en varias regiones, estará cada vez más cerca de la guerra total.

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