La situación que se vive en el Cauca por cuenta de la invasión de predios es cada vez más grave y preocupante.

Los homicidios de dos trabajadores de Incauca, ocurridos esta semana entre los municipios de Corinto y Padilla, muestran hasta dónde pueden llegar quienes se autoproclaman como “liberadores” de la madre tierra si las autoridades no intervienen para frenarlos.

En los mismos hechos resultaron heridos otros dos trabajadores de la industria azucarera y otro fue secuestrado.

Más preocupante aún es el silencio y la inactividad de las autoridades frente a este fenómeno que, si bien no es nuevo, se intensificó con la llegada del actual gobierno, que tiene un discurso afín a los invasores y claramente opuesto a la agroindustria de la caña.

Hay que adoptar medidas urgentes para garantizar la vida y el derecho al trabajo de quienes laboran en las plantaciones y los ingenios, así como el derecho a la propiedad privada de quienes son los legítimos dueños de los predios.

Estas son obligaciones del gobierno nacional, consagradas en la Constitución política de Colombia y, por lo tanto, su cumplimiento no puede depender de la afinidad ideológica del gobierno de turno con los invasores de tierras.

En el norte del Cauca el sector azucarero está al borde de caer en la parálisis por cuenta del miedo de los trabajadores frente a los cada vez más agresivos invasores, que ya pasaron de las amenazas y las intimidaciones a agresiones mayores.

Acá, además de las vidas de los trabajadores y los derechos de los dueños de los predios, está en riesgo la economía de siete municipios del Cauca que depende casi en su totalidad de la agroindustria de la caña de azúcar.

Ojalá una animadversión ideológica del presidente Gustavo Petro por los dueños de las tierras no termine en una omisión que dé pie a una guerra civil en el Cauca.

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