Con las dimensiones vandálicas que han tomado las supuestas protestas ciudadanas de quienes se oponen a que se capte agua del río Frayle en Florida para suministrarla al corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, resulta difícil creer que se trata de manifestaciones espontáneas de la comunidad.

Tras la oposición de quién sabe quién a que se le dé agua a los vecinos hay intereses soterrados de carácter político o económico, o de los dos, a los que no se les puede hacer más el juego.

Desde hace mucho rato está claro que la captación de agua para el corregimiento candelareño no representa ningún riesgo de abastecimiento para los floridanos, por lo tanto las autoridades no deben admitir ninguna discusión adicional al respecto y deben empezar a abastecer a Villagorgona; ya no hay tiempo para objeciones, admitirlas sería hacerle el juego a quienes quieren sacar provecho del asunto.

Las autoridades cometieron el error de concertar en exceso, pues si bien todo proyecto de impacto ciudadano debe ser socializado, hay quienes abusan de este requisito para poner toda serie de obstáculos, como ocurrió en Florida.

Es claro que la comunidad floridana no tiene una posición tan inhumana, y que el puñado de desadaptados que protagonizaron las revueltas fueron manipulados para hacerles creer que pueden quedarse sin agua si la comparten con Candelaria, lo cual no es cierto.

Por eso, además de hacer cumplir sin más dilaciones el acuerdo para llevarle agua a Villagorgona, las autoridades deben determinar quién o quiénes están tras las alteraciones de orden público, para que respondan por los hechos; sería ingenuo creer que no hay alguien más tras las personas capturadas el día de los disturbios.

La obligación del Estado es garantizar acciones para que no falte el agua, eso es lo que deben exigir los floridanos, el cuidado de las cuencas, pero no por eso se puede condenar a los candelareños a la sequía.

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