El permiso de 24 horas concedido a uno de los primos Nule, presos en la cárcel de la Picota en Bogotá, para asistir a la primera comunión de su hijo en Cartagena, es sólo una pequeña muestra de la falta de coherencia e integración del Estado colombiano en el manejo de quienes han cometido actos delincuenciales.

Esa falta de integración permite excesos como la licencia de 24 horas para un hombre condenado a 14 años de prisión por el delito de peculado, hace que quienes ya han cumplido las penas sigan presos, lleva a que haya homicidas con detención domiciliaria mientras los autores de faltas menores están tras las rejas, y hace que los culpables de crímenes atroces no estén presos y condenados, sino negociando con el Gobierno Nacional en La Habana.

El problema es estructural, una cadena de fallas iniciada por quienes hacen las leyes en las que se tipifican los delitos y se establecen las sanciones, continúa en las autoridades encargadas de capturar a los delincuentes, sigue en quienes los procesan y termina en los encargados de su reclusión. Son al menos cuatro actores del mismo Estado cuya interrelación es semejante a la torre de Babel, pues cada quien va por su lado, arrojando como resultados impunidad, hacinamiento y reincidencia.

Este es un mal sobrediagnosticado, reconocido por todos los actores que se excusan en que es estructural y que ya era grave cuando ellos llegaron a administrar el problema, pero no hacen nada para cambiarlo; los congresistas siguen legislando para aumentar las causales de prisión, congestionando los juzgados y las cárceles; la Policía sigue dando captura a mandos medios y bases de las organizaciones ilegales, mientras que los cabecillas continúan libres, y los jueces siguen sorprendiendo con beneficios inmerecidos para los delincuentes.

Mientras no haya articulación entre las autoridades para enfrentar el delito, el respeto producto del temor al castigo será mínimo y en algunos casos inexistente, la impunidad seguirá rampante y la resocialización será imposible.

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