La propuesta del Fiscal dejaría a los colombianos por fuera del proceso de paz.

Las declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que no se requiere un mecanismo de refrendación para los acuerdos a los que lleguen el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, encendieron las alarmas ante las graves implicaciones que tendría para la democracia colombiana que se excluya a los ciudadanos del proceso de paz.

Si bien el jefe del equipo negociador del proceso paz, Humberto De la Calle, reiteró que habrá refrendación popular al final de los diálogos de La Habana, la evidente cercanía del Fiscal con el presidente Juan Manuel Santos crea un manto de dudas sobre la verdadera intención del Gobierno en este punto.

En un país tan polarizado frente a las negociaciones con las Farc, la refrendación a través de un referendo sería la única vía para darle legitimidad a lo que se pacte, si no se permite que los ciudadanos se involucren, podrá haber un acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla, pero no una verdadera reconciliación.

La esencia de la Constitución de 1991 es la democracia participativa, en la que los ciudadanos toman parte activa en las decisiones trascendentales del Estado, y el conflicto al que se le busca poner fin con los diálogos de La Habana tuvo su origen en un sistema excluyente en el que unos pocos definían el rumbo del país y se beneficiaban de ello, por eso ignorar lo que los colombianos piensan y esperan del proceso de paz sería retroceder en la evolución política de Colombia.

Además, la refrendación popular es un compromiso que el Presidente de la República asumió al presentarle el proceso de paz al país, Santos fue reelegido con esa condición y, por lo tanto, no se le pueden cambiar las reglas del juego al pueblo colombiano.

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