Hay 218 miembros de las Farc, entre ellos ocho que hacen parte del secretariado, condenados por delitos de lesa humanidad que, a la luz de los tratados jurídicos que vigila la Corte Penal Internacional, no pueden ser objeto de indultos ni amnistías.

Sin embargo, desde La Habana los cabecillas guerrilleros han dicho que no están dispuestos a pagar ni un día de cárcel y al parecer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estaría dispuesto a aceptar este imposible legal con tal de lograr un acuerdo con las Farc que le sirva para promover su reelección.

Hace pocos días el procurador Alejandro Ordóñez denunció la existencia de supuestas maniobras, contenidas en el marco jurídico para la paz, que, además de librar de la cárcel a los autores de crímenes de lesa humanidad, les permitiría hacer política.

Si Pablo Escobar estuviera vivo, podría tener asiento en la mesa de negociaciones de La Habana o, junto con sus compinches del cartel de Medellín, podría reclamar un proceso de paz aparte para negociar su participación en política y disfrutar los millones y millones acumulados producto del delito. Entre el capo y los cabecillas de las Farc no hay diferencia alguna: jefes de grandes carteles de la droga, asesinos, terroristas y secuestradores, con ansias de poder político.

¿Se atreverá el presidente Santos, en su afán de ser reelegido, a exponerse a la intervención de la Corte Penal Internacional para castigar los crímenes de lesa humanidad que él podría dejar impunes? ¿Está dispuesto el Mandatario a desconocer los tratados suscritos por el Estado colombiano para satisfacer las exigencias de las Farc?

Si acepta una negociación en los términos que la guerrilla quiere imponer, Santos abrirá la puerta para que cualquier delincuente organizado reclame amnistía y derechos políticos. Ese es el gran riesgo de un acuerdo con impunidad.

Comments