No se puede permitir que se repita una parálisis judicial indefinida.

A la medianoche de hoy se cumplen diez años del atentado contra el Palacio de Justicia de Cali, acto terrorista atribuido a las Farc, que dejó cuatro personas muertas, 26 heridos, y cuantiosos daños materiales varios metros a la redonda.

La mayor afectación la tuvo el edificio judicial, que por la gravedad de los destrozos más la ineficiencia de las entidades encargadas de su reconstrucción, estuvo cerrado por casi cinco años y medio.

Es una trágica coincidencia que justo cuando se cumple una década de este fatídico hecho el Palacio de Justicia esté otra vez cerrado por cuenta de otra tragedia: el desplome de uno de sus ascensores con seis personas dentro, dos de las cuales fallecieron, hecho que evidenció fallas en todos los elevadores del edificio.

Ambas tragedias están conectadas, pues los ascensores peligrosos fueron instalados al final de la paquidérmica reconstrucción, después del atentado terrorista, lo que sugiere que además de lento, este trabajo fue mal hecho.

Hoy entre los trabajadores judiciales y los visitantes del edificio circulan versiones que hablan de otras posibles fallas en la recuperación de la estructura que deberían revisarse.

Los efectos de la parálisis judicial por el atentado de 2008 fueron muy graves, pues el cierre de los despachos, que posteriormente fueron reubicados de manera dispersa, disparó la impunidad.

La ciudad no puede permitir que eso se repita, la bancada de congresistas del Valle del Cauca, la Gobernadora y el Alcalde de Cali deben liderar una brigada que agilice los procesos necesarios para que los despachos judiciales reabran lo antes posible y para asegurar que el proceso de compra e instalación de los nuevos ascensores cumpla con todas las especificaciones que garanticen que no se vuelva a presentar una tragedia como las del 15 de agosto.

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