Con los cultivos ilícitos en expansión, no habrá paz a la vista.

Aunque las fumigaciones con glifosato están suspendidas en Colombia desde hace año y medio, aplicando el principio de precaución, la Corte Constitucional prohibió de manera definitiva la asperción de este herbicida que era utilizado para la erradicación de los cultivos ilícitos. La decisión, básicamente, tiene que ver con los posibles efectos del químico en la salud humana.

Hasta octubre de 2015, cuando se suspendieron las asperciones con glifosato, Colombia tenía 96.000 hectáreas de plantaciones ilegales, ahora se calcula que hay 180.000 hectáreas, es decir que en el año y medio sin fumigaciones aéreas, los cultivos ilícitos se dupliaron en el país.

Si la prohibición del glifosato se debe a razones de salud, no debe discutirse, pero sí es necesario abrir el debate sobre la erradicación de coca, marihuana y amapola, pues el Gobierno Nacional no puede quedarse de brazos cruzados y debe buscar otros mecanismos para evitar que las plantaciones ilegales sigan creciendo de manera desbordada. Claramente, los planes de sustitución no han funcionado como se esperaba.

Es ingenuo creer que sin las Farc en el negocio del narcotráfico, si efectivamente lo abandonaron por completo, no habrá quien coseche la coca, la procese y la comercialice.

Al contrario, la gran oferta de materia prima para producir droga es un estímulo para el surgimiento de nuevas agrupaciones al margen de la ley que ven en la coyuntura una oportunidad. Eso es lo que está ocurriendo en el Cauca, en Tumaco y en el Chocó, donde han aparecido organizaciones criminales que se disputan el control de los territorios que controlaban las Farc.

En ese sentido, si el presidente Juan Manuel Santos quiere consolidar la paz estable y duradera que prometió, debe combatir los cultivos ilícitos, algo que hasta el momento le ha quedado grande a su gobierno.

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