Parece que en este país es necesario ser famoso para que se le dé trámite a una denuncia.

Si bien la captura de Óscar Darío Restrepo, alias “Porrón”, es un buena noticia para los habitantes de Tuluá y el centro del Valle, este caso representa una gran decepción para la ciudadanía, pues aunque las andanzas de este sujeto se conocían desde hace tres años, fue necesario que una figura pública lo denunciara para que las autoridades actuaran.

En Tuluá todo el mundo sabía de “Porrón”, era vox pópuli que hasta humildes vendedoras de arepas eran extorsionadas por la banda delincuencial liderada por este sujeto, se sabía que el Charrito negro, popular cantante que vivía en esta ciudad, tuvo que salir de allí para evitar su acosos, al igual que ocurrió con 23 familias adineradas, y el escritor Gustavo

Álvarez Gardeazábal, que hizo público este tema, recibió amenazas contra su vida.

Sin embargo, pese a estas denuncias, Óscar Darío Restrepo seguía libre, y fue solo cuando el exfutbolista Faustino

Asprilla se negó a pagar una extorsión e hizo público lo que estaba pasando que las autoridades se dieron a la tarea de perseguir a “Porrón”, que finalmente fue capturado el viernes de la semana pasada.

Por lo anterior, la captura de este sujeto debe dar pie a una investigación que permita establecer porqué las autoridades esperaron tanto para actuar contra él.

Lo que sugiere este caso es que el gran cáncer de la inseguridad en las ciudades es alentado por la indiferencia o la complicidad de autoridades locales que, por omisión o acción terminan favoreciendo a los delincuentes.

Es cierto que Faustino Asprilla dio ejemplo al denunciar, pero también es cierto que los ciudadanos no tienen plena confianza en las autoridades, que reaccionan preferentemente frente a un caso, dependiendo de quién sea la víctima y quien sea el victimario.

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