Cali, febrero 11 de 2025. Actualizado: martes, febrero 11, 2025 20:08

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El anhelo de justicia

Contrario a la impunidad que algunos promueven, es claro que la mayoría del país pide castigo para los crímenes.

La prontitud con la que la guardia indígena capturó a los guerrilleros que asesinaron a dos paeces en zona rural del municipio de Toribío, Cauca, y la forma rápida y estricta en que el tribunal de la comunidad nativa juzgó y condenó a los miembros de las Farc responsables del doble crimen constituyen un mensaje sobre el que Colombia debe reflexionar.

El buen recibo en la opinión pública del proceder de los indígenas refleja el mayoritario deseo nacional de que los responsables de este tipo de delitos respondan por ellos con penas acordes al daño causado, que además sirvan de ejemplo para desestimular la repetición de acciones similares.

Colombia es un país con un índice de impunidad que supera el 90% de los casos, por eso los ciudadanos de bien reclaman de las autoridades policivas y judiciales mayor efectividad contra el crimen en general; pero, lamentablemente, si son bajas las posibilidades de que el responsable de un delito sea capturado, es aún menos probable que sea condenado por ello.

Además, el juicio indígena a los guerrilleros deja sin argumentos a quienes pretenden que los cabecillas de las Farc, responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, no paguen cárcel y, en caso de llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno nacional, pasen de la selva al Congreso.

La reacción de los indígenas ante el asesinato de dos miembros de su comunidad por tratar de desmontar una valla alusiva al aniversario de la muerte de ‘Alfonso Cano’, así como la solidaridad ciudadana con la decisión de los paeces, refleja cansancio frente a los abusos cometidos por la guerrilla, y la exigencia de penas drásticas para los autores del doble crimen permite anticipar que los colombianos no aceptarán que los crímenes cometidos por el grupo armado ilegal se queden sin castigo.

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