Que Nicolás Petro haya decidido colaborar con la justicia y en sus primeras confesiones haya admitido el ingreso de dineros ilegales a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, es sumamente grave y demanda el mayor esfuerzo de la institucionalidad nacional para que se llegue al fondo de la verdad y para que el país mantenga el rumbo, en medio de la tormenta política que esto representa.

Lamentablemente, Colombia ya vivió esta situación cuando en 1994 se conoció el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper, quien se pasó su gobierno haciendo malabares para no caerse. Eso, muy posiblemente, será lo que venga ahora; el presidente Petro, que pasó el primer año de su mandato entre discursos y viajes al exterior, sin mayores ejecutorias, se dedicará a defenderse.

Ojalá las autoridades judiciales y las electorales, así como el Congreso de la República tengan la capacidad de actuar con plena independencia para determinar sin sesgo político si el presidente es culpable o inocente.

Más allá de la responsabilidad política y penal que esto pueda implicar, de fondo hay un daño moral a millones de colombianos que creyeron en un discurso del cambio que poco a poco se ha ido desmoronando y que tiene en el caso de Nicolás Petro la gota que rebosó la copa.

Hoy la legitimidad del presidente está en entredicho, pero Colombia tiene una institucionalidad fuerte que debe estar a la altura de las circunstancias y mantener el rumbo del país. Culpable o inocente, el presidente Gustavo Petro perdió la poca gobernabilidad que le quedaba y termine o no su mandato, debe permitir, sin interferencia alguna, que la justicia opere. Si algo queda de su promesa de cambio, no debe repetir lo hecho por Ernesto Samper.

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