Resulta paradógico y decepcionante que la justicia terminen estimulando a los delincuentes.

En medio del barullo de noticias en el que vive Colombia ha pasado casi desapercibido un tema que amerita un profundo análisis: la propuesta del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, de ofrecer rebaja de penas a los violadores de menores de edad que colaboren con la justicia.

El pasado fin de semana, pocos días después de que el Fiscal lanzara esta propuesta, se conoció en el Valle del Cauca el caso de un hombre señalado de abusar sexualmente de cinco niños, dos de ellos hijos suyos, y los otros tres, hijastros. De ser culpable este sujeto, ¿merecería una rebaja de pena si admite su culpa?

La alta reincidencia de los abusadores sexuales está soportada estadística y científicamente; por eso, si el polémico proyecto de ley que busca otorgarle el principio de oportunidad y preacuerdos a los violadores de menores de edad llegara a ser aprobado, podría convertirse en un estímulo para esta clase de delincuentes.

Esta propuesta es una prueba más de que en nuestro país la justicia se improvisa; tan solo cuatro meses atrás se estaba debatiendo un proyecto legislativo de cadena perpetua para los violadores de niños, y ahora se habla de rebajas, como si la confesión del abuso reparara el daño causado a la víctima y fuera garantía de no repetición.

Otro factor a considerar ante este despropósito es que podría estimular la justicia por mano propia. En los últimos días se han conocido casos de linchamiento que evidencian el cansancio ciudadano ante la falta de acción de las autoridades contra los delincuentes; por eso se requiere con urgencia una justicia efectiva que sancione de manera ejemplar, no más estímulos al delito, para evitar que Colombia se convierta en un país de bárbaros en el que los ciudadanos se atribuyan el derecho a castigar a otros y se conviertan en delincuentes que castigan a delincuentes.

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