El regreso a Colombia de la excongresista Aída Merlano, deportada de Venezuela, amerita serias reflexiones como país, para evitar que se convierta en una cortina de humo que aleje la atención nacional de asuntos que deben ser explicados por el gobierno nacional.

La forma en la que Merlano volvió al país genera algunas suspicacias, pues, pese a ser prófuga de la justicia colombiana, que la condenó a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, como coautora responsable del delito de violación de los topes en campañas electorales, la excongresista fue recibida como si se tratara de una celebridad a la que no sólo se le organizó una rueda de prensa, sino que las autoridades encargadas de recibirla, por poco y le rinden honores.

Sin embargo, más allá de la posibilidad de que la deportación de Aída Merlano desde Venezuela sea o no un acto coordinado con el gobierno colombiano para tapar el escándalo de los dineros irregulares que supuestamente recibió Nicolás Petro para la campaña presidencial de su padre, hay que reconocer que la excongresista debe ser interrogada por la justicia colombiana para que entregue las pruebas, si las tiene, de los señalamientos de presuntos hechos ilícitos cometidos por políticos con los que tuvo relaciones electorales y personales.

Pero, más allá de eso, es importante que cada caso siga su curso sin que la atención ciudadana ni de las autoridades ni de los medios de comunicación se concentre exclusivamente en un único asunto.

En Colombia es usual que un escándalo se tape con otro o con varios, y mientras el país mira hacia el señuelo, se mueven los hilos del poder para desaparecer pruebas, hasta que finalmente el caso termina sepultado en el olvido y los responsables salen favorecidos por el vencimiento de términos.

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