La muerte de Cecilia Quintero, de 70 años, mientras esperaba medicamentos en un dispensario de Nueva EPS en Cúcuta, no puede reducirse a un hecho aislado; es un drama humano que expone la dimensión más dolorosa de la crisis del sistema de salud.

Una mujer que llevaba meses sin recibir tratamientos esenciales, que cuidaba a un hijo con 70 % de discapacidad y a un esposo operado del corazón, terminó desplomándose mientras reclamaba lo que por derecho le correspondía.

Según su propio testimonio en video, enfrentaba demoras de seis y siete meses en la entrega de medicamentos. No era un reclamo caprichoso, era la búsqueda de tratamientos que sostienen la vida.

No se trata únicamente de la ausencia del medicamento, se trata también del estrés, de la angustia acumulada, de la incertidumbre diaria de no saber si llegará el tratamiento del que depende la estabilidad de una enfermedad crónica.

Ese desgaste emocional tiene consecuencias.

Someter a un paciente mayor, con antecedentes médicos delicados, a horas de fila y a meses de incertidumbre es una forma de violencia institucional que termina pasando factura.

El caso revela la gravedad de un sistema tensionado por decisiones políticas que han afectado su funcionamiento.

Cuando el gobierno nacional retrasa pagos y genera incertidumbre financiera, los actores del sistema restringen servicios.

Las consecuencias no se quedan en los balances contables, se traducen en pacientes sin atención y en fórmulas sin entregar, y los más afectados son personas como doña Cecilia, que no tienen cómo comprar por su cuenta lo que el sistema les niega.

La salud no puede ser el escenario de experimentos ni de imposiciones apresuradas, transformar el sistema exige responsabilidad, planeación y garantías de continuidad en la atención.

El próximo gobierno tendrá la obligación de corregir con urgencia el rumbo del sistema de salud, pero el actual todavía está en funciones y debe responder. La dignidad de los pacientes no admite excusas.

Comments