El proyecto que se va a presentar debe contener drásticas sanciones para quienes se adueñen del erario.

La forma en la que el presidente de la República, Iván Duque, asumió los resultados de la consulta anticorrupción alimenta la esperanza de que se adopten cambios estructurales en el ordenamiento jurídico colombiano que permitan ganarle terreno a la corrupción.

Que el Jefe de Estado haya convocado a los promotores de la consulta anticorrupción y a representantes de todos los partidos políticos es una señal que indica que al parecer finalmente la dirigencia política del país se va a poner de acuerdo en tan importante tema.

Duque, que votó la consulta, supo interpretar el resultado que, aunque no logró el umbral, resultó ser un claro mandato ciudadano para que quienes llevan las riendas del país dejen a un lado sus diferencias y construyan de manera colectiva un marco legal contra la corrupción.

Lo que está ocurriendo muestra la importancia de la concertación para sacar adelante los temas trascendentales.

No se trata de que los dirigentes políticos estén de acuerdo en todo, pues cada quien mira los asuntos de Estado desde su punto ideológico, pero la lucha contra la corrupción es un tema en el que no puede haber matices y parece que así se ha entendido después del resultado del 26 de agosto.

Ahora bien, de lo que se trata es de que al unificar las diferentes propuestas resulten normas duras que sancionen de manera drástica la corrupción y procedimientos claros que garanticen la transparencia en la contratación pública.

Hay que cuidarse de caer en la tentación de que el acuerdo que se está gestando se convierta en un pacto de la clase política para “hacerse pasito”.

El Gobierno, la izquierda, la derecha y el centro tienen en sus manos una oportunidad histórica y no pueden ser inferiores al mandato que la ciudadanía les ha conferido.

Comments