En Colombia se han deforestado más de tres millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, de las cuales gran parte han sido despejadas por manos criminales para ser destinadas a los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Hay aquí un doble crimen, pues primero se reduce la riqueza natural del país y luego se fortalecen las finanzas de las organizaciones criminales que siembran muerte y dolor.

Las cifras son contundentes: se calcula que por cada kilogramo de oro extraído se talan por lo menos 20 árboles. Todo esto sin contar el impacto de los vertimientos de cianuro y mercurio en las fuentes hídricas.

Un gobierno como el actual, que tiene como bandera la lucha contra el cambio climático, debe, entonces, priorizar la lucha contra la deforestación por razones ambientales y de seguridad nacional. Sin embargo, la posición del presidente Gustavo Petro frente a los cultivos ilícitos y los grupos armados ilegales favorece la tala de bosques, pues al no confrontar a estas organizaciones con las fuerzas militares y al frenar la erradicación de las plantaciones de coca, se generan unas condiciones que no sólo afianzan el control territorial por parte de los ilegales, sino que permiten que ese dominio se expanda, y en esa expansión arrasan con árboles y cobertura vegetal.

En ese sentido, con la misma vehemencia que busca acabar con la exploración y explotación de gas y petróleo, el gobierno nacional debe ser coherente y poner en marcha acciones sostenidas que detengan el arboricidio de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. ¿De qué sirve promover políticas que frenan la contaminación que se genera en actividades legales cuando se permite que continúen las ilícitas?

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