El Estado se ha quedado corto frente a la amenaza que representan las clínicas de garaje.

Aunque los peligros son obvios y abundan las fatídicas historias que así lo confirman, la lección no se aprende y hay personas dispuestas a someterse a cirugías estéticas en clínicas de garaje. La semana pasada una mujer de 29 años murió en Bogotá en medio de una intervención quirúrgica clandestina practicada en un aparamento. Los indicios de la Fiscalía apuntan a que el deceso fue producto de un exceso en la anestesia que le aplicaron para la realización de una liposucción.

¿Cómo puede alguien someterse a una cirugía en manos de personas no profesionales y en sitios no acondicionados para estos procedimientos?

No cabe duda de que la presión social por los modelos estéticos impulsa cada vez a más personas a someterse a estos procedimientos, y más allá de la discusión cultural sobre este tema, esta realidad debe ser admitida y el sistema de salud se debe acondicionar para evitar que haya más muertes por cuenta de las clínicas de garaje.

Si las personas que quieren cambiar su aspecto físico de todas formas se van a someter a este tipo de procedimientos, lo mejor es que lo hagan en los sitios indicados y en las manos apropiadas, en ese sentido, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deberían contemplar medidas como la regulación tarifaria y la prestación de este tipo de servicios en instituciones de salud públicas.

No se trata de que el Estado estimule a los ciudadanos para que se sometan a este tipo de procedimientos, sino de que además de combatir su práctica clandestina, se creen las condiciones para disminuir los riesgos.

El Estado, por su falta de control, es cómplice de la proliferación de profesionales no aptos, de clínicas clandestinas y del uso de materiales peligrosos en los procedimientos estéticos.

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