El 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc firmaron el acuerdo de paz negociado en La Habana; desde entonces han pasado cinco años y en Colombia no se notan los prometidos beneficios de aquel pacto. Si bien las Fuerzas armadas revolucionarias desaparecieron como guerrilla, sus disidencias y otros actores ilegales continuaron su legado de terror y criminalidad.

Hoy muchos miran este acuerdo de manera romántica, por lo que representa como esfuerzo en busca de la paz, pero, siendo realistas, la negociación se llevó tan mal, que era imposible que algo concebido de esta manera funcionara. Uno de los más protuberantes errores fue pasar por alto el tema del narcotráfico, pues si bien se habló del problema de las drogas ilícitas, los cabecillas de las Farc ni reconocieron su carácter de organización narcotraficante ni le entregaron al Estado información útil para desmantelar las redes de este negocio. En La Habana no se hizo nada para acabar con un factor determinante en el conflicto colombiano, pues desde hace por lo menos tres décadas el negocio de las drogas se convirtió en la razón de existir de esta guerrilla y de todos los grupos armados al margen de la ley.

Por eso en el Cauca, el Putumayo, el Chocó, el Pacífico nariñense y el Catatumbo la situación es igual o incluso peor a la que se vivía antes del acuerdo de paz, pues los herederos de las Farc continúan activos en la defensa de su negocio criminal.

Si a esto se suma que el acuerdo nunca tuvo en cuenta las opiniones contrarias, que no garantizó la reparación de las víctimas y que, además, hay sectores interesados en que no se implemente, el balance cinco años después no puede ser peor.

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