¿Cómo armonizar el control judicial con el poder ejecutivo, en aras de no afectar el funcionamiento de las administraciones públicas?

Los carcelazos ordenados en la última semana para el alcalde de Cali y el gobernador del Valle del Cauca evidencian la necesidad de armonizar el control judicial con las administraciones públicas.

En el caso del alcalde, se trata de un fallo de tutela interpuesto por una fundación que está en desacuerdo con la asignación del contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del municipio, el cual reclama para sí. En el caso del gobernador, la orden de arresto es por el supuesto desacato a una tutela que le ordena reparar una vía que, según la administración seccional, no le corresponde al departamento sino al municipio de Bolívar.

Como estos dos casos, se encuentran a lo largo y ancho del país fallos que suspenden decisiones de gobiernos municipales y departamentales e incluso del Gobierno Nacional y los órganos de control; cada una de ellas viene acompañada de una polémica, pues siempre que se producen se habla de choques de trenes entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

Es claro que estos fallos no son iniciativa de los jueces. Lo que algunos llaman interferencias judiciales son, en verdad, respuestas a reclamos de ciudadanos que creen vulnerados sus derechos. Se trata de recursos que los administradores de justicia están en obligación de resolver.

Ahora bien, del otro lado, los funcionarios públicos, en especial los alcaldes y gobernadores que son objetos de las acciones legales, deben responder en muchos casos por errores de sus antecesores, o son presionados a través de estos recursos por demandantes que buscan beneficios particulares.

Lo anterior no quita, desde luego, que haya decisiones judiciales equivocadas ni que en algunos casos haya mandatarios que merezcan el carcelazo.

¿Qué se debe hacer para evitar la lluvia de demandas contra el Estado? ¿De qué otra forma se podría evitar que las administraciones vulneren los derechos ciudadanos sino es a través de la tutela? Éste es un debate que Colombia no puede seguir aplazando.

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