El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, llamó “pendejo” al líder de la oposición del vecino país, Juan Guaidó, lo que, con toda razón, causó molestia en los sectores contrarios al régimen de Nicolás Maduro, pues evidencia una clara injerencia en la política venezolana de alguien que, se supone, debe abstraerse de pronunciamientos en favor o en contra de las diferentes tendencias políticas de ese país.

Aunque Benedetti se disculpó y reconoció su error, este impasse pone de manifiesto nuevamente el inconveniente criterio con el que el gobierno colombiano, no sólo el actual, sino también los anteriores, escoge a sus representantes ante otros países.

Cuando se debería priorizar a funcionarios de carrera diplomática y a ciudadanos que, por su formación, experiencia y representatividad estén en capacidad de desempeñar tan importante función, el común denominador en nuestro país es utilizar las embajadas y los consulados para el pago de favores políticos.

Lo paradójico es que el “gobierno del cambio”, que en campaña prometió acabar con las prácticas politiqueras de los partidos tradicionales, no aplicó esta filosofía en la selección de sus embajadores y por ello cayó en el nombramiento de “diplomáticos” sin diplomacia, como Armando Benedetti, que ya como congresista habría dado claras muestras de grosería y mala conducta.

En este caso en particular, el insulto del embajador colombiano contra el líder político venezolano genera un ambiente de desconfianza en torno al papel que jugará nuestro país como mediador entre el régimen chavista y la oposición.

Con lo ocurrido quedó claro que Benedetti no tiene la neutralidad que se requiere para desempeñar tal función.
El gobierno colombiano no puede convertirse en el defensor de oficio del indefendible régimen venezolano.

Foto: Presidencia de Colombia

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