El asesinato del líder social Ruviel Hurtado Gironza, en el sur del Cauca, es una nueva muestra del abandono estatal frente a quienes defienden los derechos humanos en los territorios.

Hurtado, miembro de la Mesa de Víctimas y reconocido por su labor comunitaria, fue asesinado en una zona donde las alertas institucionales se repiten sin respuesta.

Con su muerte, ya son 160 los líderes sociales asesinados en lo que va de 2025, 38 de ellos en el Cauca, el departamento más golpeado por la violencia sociopolítica.

Cada crimen de un líder social confirma la impotencia institucional. Cualquiera que se atraviese en el camino de las economías ilegales se convierte en objetivo, y el Estado no ofrece protección ni reacción oportuna.

La Defensoría del Pueblo, a través de múltiples alertas tempranas, ha señalado los municipios donde el riesgo es mayor, pero sus advertencias terminan archivadas.

Los grupos armados se fortalecen, las comunidades callan por miedo y el gobierno mira para otro lado.

Lo más indignante es la incoherencia política. En campaña, el presidente Gustavo Petro usó la muerte de líderes sociales como bandera, pero hoy, desde el poder, apenas las menciona.

Las promesas de protección se diluyeron en la retórica. Los anuncios no evitan asesinatos, ni los trinos sustituyen la presencia del Estado.

Colombia no puede seguir contando líderes asesinados como si fueran simples cifras. Cada nombre representa una voz que defendía la vida, el territorio y la esperanza en regiones que el Estado abandonó hace décadas.

Rechazar estos crímenes no es un gesto simbólico: es un deber moral y político, y proteger a los líderes sociales no es un favor ni un acto de compasión; es garantizar que la democracia tenga defensores y no mártires.

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