Cali, agosto 15 de 2022. Actualizado: viernes, agosto 12, 2022 22:47
Este fin de semana se cumplen 18 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y, a dos años de que la investigación por este caso prescriba, su muerte sigue impune.
Por esta razón, la familia del estadista conservador le está solicitando a la justicia que declare el caso como crimen de lesa humanidad, para evitar que el vencimiento de términos cierre para siempre la posibilidad de identificar y castigar a quienes acabaron con la vida de uno de los políticos colombianos más lúcidos de la segunda mitad del Siglo XX.
Extrañamente la investigación por el asesinato de Gómez Hurtado no ha producido mayores resultados, pese a que los indicios e informaciones que podrían conducir a los autores intelectuales del crimen no son escasos. La familia del exdesignado presidencial sospecha que la Fiscalía no se ha esforzado por aclarar el caso.
Si el asesinato de Luis Carlos Galán fue declarado crimen de lesa humanidad, el del líder conservador también reúne los requisitos para ser considerado igual. Si en el magnicidio del dirigente liberal, orquestado entre el narcotráfico y miembros de la clase política, probablemente con la complicidad de integrantes de los organismos de seguridad, hay serios indicios que sugieren que el de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado.
Al ver la desidia de las autoridades frente al caso y los pocos resultados, esta última hipótesis cobra fuerza y sugiere la posibilidad de que los autores intelectuales de la muerte del dirigente conservador aún tengan incidencia en el Estado y muevan sus hilos para que no se conozca la verdad.
Lo que ha ocurrido con este caso es una pésima señal para un país sin credibilidad en su sistema judicial; si esto pasa con el asesinato de un personaje notable, ¿qué pueden esperar las familias de tantos colombianos anónimos que piden que se haga justicia?
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