Cada día llegan nuevas trampas digitales a los colombianos, como lo demuestra la reciente alerta de la Dian por correos falsos que ofrecían supuestos remates judiciales para exigir un anticipo del 10%, o la advertencia hecha por la Secretaría de Movilidad de Cali ante un enlace fraudulento que circuló en chats y correos, suplantando plataformas oficiales para el pago de multas.

Ambos episodios reflejan el volumen creciente de engaños que reciben los ciudadanos a diario en sus dispositivos, a través de correos, WhatsApp y redes sociales, en un escenario donde los delincuentes perfeccionan sus métodos y obligan a las autoridades a reforzar la prevención.

Este acoso digital se volvió una amenaza constante para usuarios de todas las edades; además, la presión aumenta porque los delincuentes usan todo tipo de canales.

En consecuencia, la inseguridad informática crece sin una respuesta estatal suficiente.

Colombia enfrenta una ola de cibercrimen de dimensiones inéditas, con más de 36.000 millones de intentos de ataques cibernéticos en 2024, según informes académicos y medios especializados, lo que equivale a casi 100 millones de agresiones digitales cada día.

A esta presión constante se suman las 77.666 denuncias por delitos informáticos registradas en el mismo periodo, un aumento del 23% frente al año anterior, donde el hurto por medios informáticos y la violación de datos personales concentran la mayor proporción de casos.

El cibercrimen evoluciona rápido y aprovecha la falta de educación digital en la población, los delincuentes usan técnicas avanzadas que confunden al usuario común.

Sin embargo, el país aún no fortalece la protección preventiva. Las autoridades deben crear unidades especializadas con más personal y tecnología, así como aumentar la coordinación con plataformas digitales para rastrear redes criminales

En consecuencia, el Estado debe garantizar investigaciones rápidas y sanciones efectivas.

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