El país enfrenta una realidad tan dolorosa como innegable: los menores de edad siguen muriendo en los bombardeos contra los grupos armados ilegales, y esa tragedia tiene un responsable directo que no puede ocultarse.

Quienes reclutan niños, quienes los llevan a campamentos, quienes los convierten en escudos humanos y los exponen deliberadamente al fuego cruzado son quienes violan el Derecho Internacional Humanitario.

Esa es la raíz del problema, y mientras continúe, el Estado no puede paralizar su ofensiva contra las estructuras criminales que se fortalecieron durante este gobierno.

Las cifras entregadas por Medicina Legal: 15 menores muertos entre agosto y noviembre, revelan la dimensión de la tragedia, pero también recuerdan que cada uno de esos niños estaba allí porque fue obligado, engañado o presionado por las disidencias de las Farc y otros grupos.

No hay forma realista de que las Fuerzas Militares verifiquen en tiempo real si un campamento tiene menores, y esa dificultad no puede convertirse en excusa para impedir que actúen frente a organizaciones responsables de masacres, extorsiones y ataques con drones en varias regiones del país.

El presidente Gustavo Petro, quien criticó al gobierno anterior por situaciones similares, hoy enfrenta la responsabilidad que antes utilizó para hacer política, y está descubriendo que, en un país acosado por el crimen, mantener la seguridad nacional exige decisiones que no admiten cálculo ideológico.

La tardía orden de bombardear a las disidencias de alias “Iván Mordisco” muestra que, pese a su resistencia inicial, el gobierno entendió que sin presión militar no habrá control territorial.

Claro que es lamentable que mueran menores, nadie lo celebra. Pero esa tragedia se evita enfrentando el reclutamiento y golpeando a quienes lo cometen.

Lo que no puede hacer el Estado es renunciar a su deber, porque la inacción también mata.

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