Sin lugar a dudas el Congreso de la República en Colombia atraviesa tal vez su peor momento histórico en materia de reputación y credibilidad, lo cual no significa que alguna vez en la historia reciente de nuestro país, haya gozado de una imagen positiva entre la ciudadanía.

La mala imagen que ostenta, la que debería ser una de las instituciones más representativas de la “democracia” colombiana, se la han ganado a “pulso” los senadores y representantes a la cámara que han pasado por el recinto político encargado de realizar el control político al ordenador del gasto y ejecutor de acciones por excelencia en Colombia: el Presidente.

Y se la ha “ganado a pulso” porque en general las personas que llegan a ostentar el titulo de “congresistas”, a pasos agigantados han venido perdiendo el norte de “la razón de ser” de esta corporación edilicia y representativa de la sociedad colombiana.

Se puede identificar que perdieron el rumbo desde que el ejercicio legislativo se convirtió en la posibilidad de privilegiar los intereses particulares de unas “casas políticas” tradicionales que buscan robustecerse estructural y burocráticamente a partir de dádivas y participación en la “torta del gobierno de turno”, y no se volvieron a preocupar de manera priorizada por los intereses generales de los colombianos, o por lo menos, del sector poblacional que los eligió.

Es tal la profundidad estructural de esta situación, que ya se convirtió el algo “normal” que en campaña electoral como la que estamos presenciando en este 2022, haya una preocupante carestía de propuestas y visiones de territorio por parte de los candidatos tanto al Senado como a la Cámara de Representantes.

Pero ¿por qué se presenta esta situación tan deplorable para un país democrático?

La respuesta es simple: la culpa es de nosotros mismos como ciudadanos electores.

Es culpa de nosotros cuando permitimos que nuestro voto se vea condicionado por una dadiva burocrática; es culpa de nosotros cuando entregamos nuestro voto a un candidato que no manifieste su visión de territorio y a partir de esta condicione su hipotético ejercicio legislativo; es culpa de nosotros cuando permitimos que se presenten acciones “non sanctas” durante la contienda electoral como el pago de lideres a cambio de votos, e incluso, cuando el ciudadano permite que le compren su decisión y conciencia con dinero, alimento e incluso con un bulto de cemento.

En la actual contienda electoral, se ha visto de todo, ya que debido al descontento generalizado de la población frente a todo lo que represente “poder político”, muchos aspirantes al congreso han sacado “de la manga” propuestas tan pintorescas que parecen de una campaña por la personería de un colegio.

Por ejemplo, encontramos un candidato Liberal al senado (y actual congresista), oriundo de Norte de Santander, que plantea directamente la posibilidad de “acabar con el IVA”, un mensaje atractivo sin duda, pero que técnica y presupuestalmente es inviable.

También he podido presenciar a una dupla de candidatos a Cámara y Senado del partido de la U en el Valle del Cauca, que en sus reuniones han planteado que a través de ellos se crearán más de 50 mil empleos directos exclusivamente para los jóvenes del departamento menores de 25 años, sin mencionar la forma como realizarían esta gestión, más aún porque quien aspira al senado ya ha sido congresista y no se le conocen, hasta el momento, resultados tangibles en este sentido.

El Congreso de la República no es un juego y mucho menos debe ser concebido como un recinto donde se hacen transacciones cuyo fin es el fortalecimiento del andamiaje de las “casas políticas tradicionales”, todo lo contrario, la Cámara de Representantes y el Senado deben ser entendidos como la máxima expresión de la representación política y democrática de los intereses colectivos de los ciudadanos.

Es necesario que los ciudadanos del común entendamos que lo que estamos eligiendo es la “junta directiva” del Presidente (para simplificarlo un poco), una junta que no solo debe realizar control político y presupuestal al ejecutivo, sino que también tiene el deber de representar los intereses de los ciudadanos y del segmento poblacional que los eligió. El día que los colombianos entendamos esto, dejaremos de preguntarnos ¿y los congresistas para qué?

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