En las últimas semanas, gran parte de la agenda de noticias ha estado marcada por hechos que, de fondo, contienen trasgresiones a la ética.
En la ciudad fue muy sonada la campaña de una candidata cuyo equipo fingió un ataque hacia ella dizque para visibilizar la violencia contra la mujer; a su vez, en el Palacio de Nariño, dos de las fichas claves del Gobierno fueron defenestradas por unas actuaciones bastante opacas en donde se entreveran chuzadas ilegales, interrogatorios con polígrafos y maletas con dinero.
Parece que la ética pública ha cedido paso al “todo vale”. Para ganar visibilidad o “likes”, que en estos tiempos es lo mismo, una campaña no tiene problema en fingir un ataque, sin pensar en las consecuencias a la credibilidad que ello acarrea para las víctimas reales de violencia basada en género.
A su vez, para recuperar un dinero en efectivo cuya procedencia debe esclarecerse, vale llevar a un sótano lúgubre a una señora perteneciente al personal doméstico para interrogarla con polígrafo o, a través de un entramado digno de un James Bond tropical, encargarse de que un Fiscal dé la orden de chuzarle el teléfono.
Y mientras tanto, quien para entonces se desempeñaba como embajador, pero que en campaña cumplió funciones de mano derecha del actual Presidente, aprovechaba la opacidad de la situación para tratar de sacar ventaja y efectuar maniobras extorsivas en favor de buscarse un mejor cargo en el Gobierno.
Es decir, el “todo vale” en donde el interés público es el que menos interesa y lo que importan son los intereses personales.
Pero no es sólo en las altas esferas gubernamentales ni en las campañas en donde podríamos hacer la crítica.
Es cierto que en quienes nos dedicamos a la política, por aquello del servicio público, las faltas a la ética pueden resultar más visibles, pero son igualmente reprochables las faltas a la ética ciudadana, aquellas manifestaciones del “todo vale” de pequeños intereses particulares, como, por ejemplo, quien para ahorrarse un par de minutos de vía utiliza el carril que es uso exclusivo del MIO; o quien, siguiendo con el transporte público, se cuela en las estaciones para no pagar el pasaje; también resulta reprochable quien vandaliza con grafitis algunos murales, o quien daña los monumentos públicos, algunos para vender el material y otros dizque por re-significaciones estéticas de dudoso pedigrí.
Fácilmente una trasgresión a la ética pública o a la ética ciudadana puede cruzar las fronteras de lo jurídico y terminar con encausamientos penales, no en vano, el primer límite del derecho propio es el derecho ajeno, pero tras de ellos suele haber limitaciones constitucionales o legales; ningún derecho puede ejercerse de forma abusiva, por ello necesitamos volver a la ética, tanto los servidores públicos como los ciudadanos, para encontrar ese primer regulador conductual que nos permita vivir como una sociedad que camina hacia la justicia y la equidad, de lo contrario, seguiremos sobreviviendo en medio de un grupo social en donde cada quien lucha por sus intereses particulares.
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