Las marchas del pasado 21 de noviembre, en las que participaron miles de personas que salieron a las calles, se destacaron por la multitudinaria congregación, hecho que no es atribuible a ningún partido o movimiento político, pero como en otras jornadas quienes terminaron por llevarse la atención fueron los vándalos.

No se puede entender por qué los comerciantes tuvieron que blindar sus establecimientos con barricadas para proteger ventanales y fachadas. No entiendo la relación entre la protesta social y el daño a entidades públicas, estaciones del sistema de transporte o semáforos. El vandalismo deslegitima el propósito de las marchas.

No se entiende la relación entre la protesta social y el saqueo a establecimientos de comercio, ninguna expresión social hay en sacar muebles, electrodomésticos o víveres de almacenes y supermercados. ¡Qué protesta social hay en quemar buses, son actos de terrorismo!

Ante esta situación la intervención de la Fuerza Pública es obligatoria, para cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales. Salvo unos hechos puntuales de abuso de autoridad, la Policía estuvo a la altura de las exigencias que se hace a un organismo de seguridad.

No entiendo porque se insiste en llamar protesta pacífica a manifestaciones violentas como las vividas en las calles de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Facatativá y Medellín, con los disturbios en la Universidad de Antioquia. No puede catalogarse como pacífica la violencia con explosivos, piedras, elementos contundentes o armas blancas, que deja como resultado destrucción y personas heridas.

Las autoridades y quienes convocan a paros deben buscar estrategias para neutralizar a los violentos, y la clase dirigente debe prestar atención a las manifestaciones de los colombianos, responder a este clamor nacional con políticas acordes al sentir nacional.

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