Las cárceles de Colombia se han convertido en verdaderos focos de la criminalidad y de la corrupción.

El hacinamiento, la carencia de programas de resocialización para los internos, la mala calidad de la alimentación y los débiles procesos de formación en principios y valores han creado un ambiente para la delincuencia en estos centros penitenciarios.

El país no puede tolerar más masacres y síntomas de amotinamiento y zozobra en los lugares en que purgan sus penas quienes por errores de conducta social están recluidos en un establecimiento carcelario para buscar reformar sus vidas y rectificar su conducta sobre las equivocaciones del pasado para seguir delinquiendo en el presente y pretender equivocadamente un futuro en libertad para continuar por las sendas del delito.

Es la hora de reformar el sistema penitenciario y carcelario en los “tiempos del cambio” y hacerlo parte del Plan Nacional de Desarrollo para que por fin la nación cuente con verdaderos centros de resocialización del delito, acordes con los preceptos del derecho internacional humanitario buscando mejorar las condiciones de seres humanos que merecen un trato dignificante.

Quien haya cometido un hecho punible y surtido el debido proceso de judicialización con la garantía de sus legítimos derechos tiene que llegar a una penitenciaría en la búsqueda de integrarse a la sociedad renovado en valores y principios humanos, y con las competencias académicas y ciudadanas que le permitan construir un nuevo proyecto de vida.

Una idea interesante podría ser la de establecer en las cárceles centros de formación del Sena, que contribuyan al mejoramiento integral de los penados con la posibilidad de incorporarse al mercado laboral durante y después de pagar su respectiva pena.

Se dice que el hacinamiento carcelario es del 20% . Yo creo que es mayor.

Basta con hacer una visita para saber que no existen baterías sanitarias dignas y que la comida es de mala calidad.

Más de cien mil colombianos quienes están sindicados, recluidos como condenados o simplemente investigados no pueden continuar padeciendo de tal indignidad a la que los somete un Estado incapaz de administrar bien un sistema penitenciario que cambia de director nacional cada vez que se presenta un nuevo escándalo de corrupción o de violencia.

El gobierno debe proyectar la construcción de establecimientos penitenciarios para “la vida” y no para ” alimentar” a las bandas criminales como lo pregonó el presidente Petro en campaña: cárceles también para la vida y no para la muerte, haciendo de estos penales verdaderos centros de socialización con escuelas de valores, programas técnicos y tecnológicos dignificando la vida de los internos.

Es menester transformar a fondo al INPEC para que se convierta en una institución competente para ejercer de manera rigurosa y seria los lineamientos del sistema nacional penitenciario y carcelario de Colombia con procesos rigurosos para el ingreso de sus integrantes quienes deben estar debidamente calificados para asumir su s funciones buscando mejores opciones de vida para los indiciados y procesados.

El Instituto que administra las cárceles tampoco puede ser un antro de corrupción y de desgreño administrativo y financiero.

Las cárceles de nuestra patria no pueden seguir siendo “universidades del crimen y de violencia”.

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