Diario Occidente

Una verdadera justicia

Mario Germán Fernández De Soto

A pesar de la polarización que existe en nuestro país, en lo que sí estamos de acuerdo todos los colombianos es en la necesidad de una reforma a fondo de la administración de justicia, la que ha fracasado en consecutivos períodos de Gobierno, porque se han enfocado en comenzar por la cúspide de la pirámide y no por su base.

Una verdadera justicia debe centrarse es en el ciudadano; en propiciar condiciones para un acceso fácil a la administración de justicia pensando en satisfacer la necesidad del usuario, que sea cercana a la gente y con instrumentos que permitan una rápida respuesta, no sólo por el número de oficinas y dependientes, sino que también se trata de contar con herramientas administrativas y tecnológicas para operativizar las decisiones adoptadas con el acompañamiento de la fuerza pública, para que haga valer las providencias proferidas.

Una nueva justicia, eficiente, moderna y con recursos suficientes, que frente al cúmulo de asuntos litigiosos, en donde cada conflicto es llevado a un estrado judicial, pueda responder con instrumentos modernos como la digitalización; poniendo como prioridad la consolidación del expediente electrónico como una forma de descongestionar la administración judicial, en un momento definitivo para la digitalización de la administración pública.

La sobrecarga del sistema judicial está centrada en el surgimiento cada vez mayor de disputas de toda índole que deben surtirse por la vía judicial y que radican generalmente en delincuencia común, corrupción, desconfianza en las instituciones y demora en la aplicación de sanciones y resolución de conflictos. Todo esto, sumado a la gran dificultad del Estado para administrar justicia en todo el territorio nacional.

La inexistencia de la justicia en algunas zonas del país indica que es inminente hacer un nuevo mapa judicial que permita que la majestad de las instituciones impere en los territorios para fortalecer la justicia municipal rural y la minero ambiental, y lograr, también, departamentalizar la acción judicial con eficiencia, celeridad y modernización.

Hay que comenzar por mejorar la calidad de los jueces y magistrados, porque un mejor sistema de justicia está fundado en el perfil y selección de los togados, quienes deben formarse en los más altos valores éticos y morales, contar con un una adecuada actualización y formación especializada en los asuntos a su cargo, con remuneración digna y a la altura de quien ejerce justicia en nombre de la República, dejando en cada una de sus decisiones la huella de probidad y de confianza jurídica, con el acompañamiento decidido de las universidades para que impartan programas académicos con enfoque holístico y constituyendo centros de administración de justicia para el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos y la democratización del arbitraje.

Se requiere garantizar la equidad de género en las colegiaturas y eliminar las funciones electorales de las altas cortes. Centrar la política pública en el acceso de la ciudadanía con mecanismos preventivos de conductas antijurídicas de una manera incluyente, porque no se puede hacer una reforma para que todo siga igual, abogo por una verdadera justicia.

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