Colombia es un Estado conformado a partir del establecimiento de una república presidencialista, lo cual significa que el máximo poder del mismo es ostentado por un presidente elegido mediante el sufragio electoral.

A su vez, las repúblicas eligen un Congreso que tiene como objetivo acompañar al presidente con el ejercicio de veeduría, control político y la proposición legislativa a partir de la interpretación de los intereses ciudadanos y de las necesidades propias del Estado.

Al contar la Cámara de Representantes con 172 miembros y el Senado con 108, elegidos mediante el voto popular, se entendería que su nivel de representación ciudadana es el máximo brindado por el Estado colombiano.

Sin embargo, revisando el actuar legislativo, político y electoral de los congresistas colombianos, se puede deducir rápidamente que, en la actualidad, ese nivel de representación teórico dista mucho de la realidad política del país.

El Congreso de la República de Colombia hace rato dejó de ser un órgano representativo de la ciudadanía, por el contrario, se convirtió en el espacio de consolidación de “empresas electorales” que velan en primer lugar por sus intereses particulares y no por los colectivos.

Esta situación se da por diferentes razones.

Primero y tal vez la más importante, es la falta de cultura política de la ciudadanía colombiana, una deficiencia que hace que la veeduría ciudadana sea un ejercicio casi extinto de la realidad política del país.

En segundo lugar, y derivado de la razón anterior, se da la triste situación que al legislativo de manera recurrente no llegan las personas idóneas para asumir esta titánica responsabilidad.

Por el contrario, como congresistas se están eligiendo a aquellas personas que cuentan con una infraestructura política sólida que se basa principalmente en burocracia y poder económico, dos factores decisivos en las elecciones y que dan cuenta de la corrupción del electorado (ciudadano de a pie) qué a partir de contratos, puestos o venta de votos, hipoteca su futuro por cuatro años, tiempo que dura el periodo legislativo.

Esta situación, también deriva en el desarrollo recurrente de debates y proposiciones inocuos, faltos de argumento y llenos de improperios y solicitudes descabelladas que en muchas ocasiones están completamente desconectadas y son inoportunas para las realidades del país.

En tercer lugar, las dos razones anteriores han permitido consolidar empresas electorales que profundizan el ambiente corrupto que se respira desde hace muchos años en la corporación edilicia, ya que los procesos legislativos se han convertido en transacciones de aprobación de iniciativas del ejecutivo a cambio de la atractiva “mermelada”.

La “mermelada” es esa razón tan poderosa por la cual estas empresas electorales se han afianzado, ya que a través de la misma han podido consolidar su poder burocrático y económico, por lo tanto, estas empresas hacen hasta lo imposible para mantener su posición, volviendo el ejercicio electoral extremadamente costoso, una de las principales “barreras” para la participación de nuevos liderazgos en el ejercicio político.

Y así, se podrían enumerar otras razones adicionales que darían texto para escribir un artículo completo.

Para “frenar” esta crisis de representatividad en el Congreso, algunos “sabios políticos” (impulsados en muchos casos por sus propios intereses), proponen cambiar a un sistema de elección por listas cerradas, sin embargo, esta figura lo único que generaría es exclusión de nuevos liderazgos gracias la conocida “roscodemocracia”, la cual perpetuaría las “casas políticas” tradicionales y disminuiría aún más las posibilidades de renovación.

Hay una sola forma efectiva de cambiar esa realidad que actualmente vivimos y está en manos de los ciudadanos comunes y corrientes: la participación consciente en el ejercicio electoral.

Si los colombianos empiezan a votar de manera responsable, informada y no corrupta, seguramente se generaría una renovación positiva del legislativo que avoque a la frase: “aquí nace la democracia”, una leyenda que reposa en los muros del edificio del congreso.

Las elecciones de 2022, son una gran oportunidad para que los colombianos sienten un precedente y dejen un mensaje claro a los políticos de profesión sin vocación de servicio al país y a la comunidad.

El próximo año los ciudadanos tienen la oportunidad de dejar claro que no quieren un Congreso que no los represente.

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