Uno de los fenómenos que más producen violencia en Colombia es el narcotráfico. Este flagelo es el detonante de la confrontación por los territorios, las rutas y la comercialización de los estupefacientes que genera una alta tasa de homicidios que se está reflejando todos los días en las ciudades y en los campos de nuestro país.

Los denominados narcocultivos son una herramienta que usan tanto las disidencias de la guerrilla como las mismas bandas criminales para apoderarse de los territorios, sembrando el miedo y la zozobra entre los pobladores, que son presionados por diferentes actores para producir, vender o consumir drogas para su exclusivo beneficio económico.

En medio de esta “economía ilegal” se encuentra el sembrador, que no cuenta con tierra ni con recursos suficientes para abonar una parcela y que se somete al cultivo ilícito como única vía para su subsistencia y la de su entorno familiar. Ante esta compleja situación, el Gobierno Nacional creó el Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, Pnis, en favor de 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos para sustituir la coca y hacer tránsito a la legalidad a través de alternativas que garanticen su sustento.

Pero, creo firmemente que esta iniciativa tiene que fortalecerse articulando a las distintas agencias del Estado para velar, por un lado, por la integridad de los campesinos, quienes de manera voluntaria participen en el programa, y, por otra parte, para financiar los nuevos emprendimientos con asistencia técnica e insumos que permitan la sostenibilidad y productividad en el largo plazo. Es decisivo que se garantice la comercialización de los productos, de tal forma que suplan los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades básicas.

Pienso que es menester avanzar con una sustitución voluntaria que permita construir una nueva cultura en las comunidades acostumbradas a los ingresos de la coca, propiciando condiciones de vida digna, garantizándoles proyectos productivos que aseguren su porvenir, puesto que el gran riesgo es la resiembra, por la misma presión que ejercen los grupos armados ilegales y su propia incapacidad de generación de ingresos.

El país necesita en esta materia una política de Estado sostenible que transforme los territorios y que fije un claro mensaje al campesinado en el sentido en que sembrar coca no es rentable ni social ni económicamente, a partir de impulsar el desarrollo humano y socioeconómico de las zonas sembradas de cultivos de uso ilícito.

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