La corrupción desbordada que se facilitó por la parcelación del aparato administrativo en manos de clanes y élites partidistas, la atomización o fragmentación de los partidos por falta de disciplina política y por el relajamiento ético y la falta de militancia de los electores dentro de las estructuras partidistas, ha hecho que los partidos se debiliten.

Los partidos tradicionales ya no son partidos fuertes, y los partidos nuevos surgidos después de la reforma del año 2003 se deshilacharon en 16 años por las mutaciones constantes ante el presidencialismo de reelección, con un trasteo entre uribistas y santistas.

Para el calendario electoral 2019 en disputa por las alcaldías y las gobernaciones, las coaliciones serán más variadas, abigarradas e inentendibles, y los candidatos independientes que también buscarán coaligarse, se reproducirán.

Desaparecieron en la última reforma política los cambios a fondo del Consejo Nacional Electoral, un ente que en vez de aclarar ha entorpecido el sistema electoral.

En Colombia se ha manipulado el sistema electoral, se han hecho cancamusas torticeras para cambiar la legalidad del ordenamiento jurídico aplicable.

El fraude electoral, motivó una guerra civil en el siglo XIX, generó violencia en la década del 50 del siglo XX, ha sido motivo de asesinatos.

A la reforma política 2019 le incluyeron un aspecto positivo y necesario para depurar gobernantes desviados hacia la corrupción, como lo sintetizó Juan Camilo Montoya, especialista en Comunicación Política- EAFIT, “A la reforma le añadieron, que si un gobernante resulta condenado mientras ejerce, las sanciones para el partido político que lo apoyó pueden ir desde multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica”.

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