Mientras las EPS más importantes del país dicen que el sistema de salud está desfinanciado porque el Estado no paga de manera oportuna y que en pocos días el servicio puede colapsar para los millones de colombianos afiliados, el ministro de salud expresa que no es cierto y que se han cumplido con las obligaciones a su cargo para el cabal funcionamiento de los servicios tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado.

En pocas palabras, las prestadoras de salud aducen que los recursos del presupuesto general de la nación no alcanza para soportar los gastos que se requieren para sostener el actual sistema de salud en el país.

Dicen que la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los vinculados al sistema general de seguridad social, no es suficiente. Es decir, plantean que es necesario reconocerles un mayor valor, expresando que se debe lograr una redistribución equitativa de la plata para garantizar la sostenibilidad.

Piden, entonces, un ajuste en este “indicador”, ya que según ellas se está presentando insolvencia por asumir las pesadas cargas financieras que implica las llamadas “enfermedades catastróficas”. Hay que decirlo de una vez y es que, lo que está en riesgo hoy, es la atención a los pacientes.

El gobierno tiene que actuar para consensuar medidas inmediatas con las entidades prestadoras, las instituciones prestadoras del sistema de salud y las aseguradoras, para estabilizar administrativa y financieramente el sistema general de salud de Colombia.

Este es el momento para revaluar el modelo en la prestación de los servicios porque sí, es verdad que existe una desproporción en los valores que deben asumir las EPS en el llamado “riesgo de salud”, de tal forma que se articule con las IPS evitando el cierre de los servicios.

No puede tomarse esta postura simplemente como una amenaza de las EPS al gobierno en consideración a que esta problemática no es nueva.

De lo que se trata es de generar una “alarma institucional” para que se rectifique equilibrando el costo de la atención a los pacientes para que los servicios básicos de consulta, urgencias, hospitalización, cirugías, provisión de medicamentos y tratamientos especializados, entre otros, se cubran de manera oportuna y eficiente.

Puedo concluir que en la actualidad la gestión de riesgo de los pacientes se encuentra en manos de las EPS, por lo que hay que blindar este servicio vital con soluciones que beneficien a los usuarios y que garanticen la prestación de los mismos, con el control tutelar del Estado para que en forma eficaz se apliquen los aportes de los contribuyentes a aquello para lo cual entre todos pagamos: la prestación eficiente de los servicios de salud.

La realidad es que el Estado adeuda a las E.P.S. una suma cercana a los $5.2 billones y estas al mismo tiempo dejan de pagar a las IPS, parte de los mismos, es decir a los hospitales.

Los recursos que sólo para el caso del Valle del Cauca ascienden a la suma de $1 billón de pesos, plata sin la que es claramente imposible cumplir con la prestación en forma oportuna de los servicios de salud.

De un lado, entonces, el ministro manifiesta que se pagan los dineros definidos para el cometido estatal y de otra parte, las EPS expresan que esa plata no alcanza afectando directamente a los pacientes, indicando además que entrarán en “cuidados intensivos” en los próximos días, sino se corrige el desequilibrio financiero.

La mejor fórmula es la del diálogo y la concertación de las partes para alcanzar las mejores soluciones en la función constitucional y legal de proteger la vida de nuestros ciudadanos.

Comments