La reciente entrevista de María Isabel Rueda al CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, deja sobre la mesa una discusión que Colombia no puede seguir evadiendo: ¿la nueva ley de encuestas realmente busca mejorar la calidad de las mediciones o está terminando por restringir el acceso ciudadano a la información?

Y lo más interesante es que la crítica no viene de una firma improvisada ni de un actor político interesado.

Viene de uno de los líderes de una de las encuestadoras con mayor reconocimiento internacional en procesos electorales recientes.

Roman es claro cuando afirma que la credibilidad de una encuestadora debe construirse desde la capacidad de acertar, desde el rigor metodológico y desde el libre mercado, no desde la intervención excesiva de organismos estatales. Y, honestamente, tiene razón.

Las encuestas no sobreviven por decreto. Sobreviven por confianza.

Una firma que se equivoca sistemáticamente pierde reputación, pierde clientes, pierde espacio en medios y eventualmente desaparece.

Así funciona prácticamente en todas las democracias modernas. El verdadero control termina siendo la opinión pública, los resultados electorales y la transparencia metodológica.

Sin embargo, en Colombia pareciera que estamos transitando hacia un modelo distinto: uno donde la vigilancia comienza a convertirse en una camisa de fuerza metodológica y burocrática que desconoce cómo ha evolucionado el mundo de la investigación social.

La frase de Roman es profundamente reveladora cuando afirma que el problema no es si la ley es estricta o no, sino que “no logra avanzar en su propósito”.

Y ese es justamente el centro del debate.

Porque si una regulación termina generando más obstáculos que garantías, más temor que confianza y más incertidumbre que claridad, entonces vale la pena preguntarse si realmente está funcionando.

Hoy la investigación de opinión pública ya no opera bajo las dinámicas de hace veinte años. La tecnología cambió los hábitos de comunicación, el acceso a la información y la manera en que las personas interactúan.

Las encuestas telefónicas, digitales y los modelos mixtos son una realidad global. Negarlo sería como intentar regular internet pensando todavía en los teléfonos públicos.

Por eso preocupa que algunas interpretaciones de la ley parezcan partir de una visión excesivamente rígida de la metodología estadística, desconectada de las condiciones reales del trabajo de campo y de la evolución tecnológica.

Y el riesgo no es menor.

Cuando medir se vuelve cada vez más complejo, costoso y jurídicamente riesgoso, inevitablemente el mercado se reduce.

Solo unos pocos actores con gran músculo financiero o capacidad institucional podrán asumir esos costos y riesgos.

En otras palabras: menos pluralidad, menos competencia y menos voces midiendo el país.

Paradójicamente, una ley creada para “ordenar” las encuestas podría terminar concentrando aún más la información.

Roman también toca un punto delicado cuando menciona posibles restricciones inconstitucionales relacionadas con los tiempos de publicación de encuestas, afirmando que esto puede convertirse en una forma de censura sobre la información que recibe la ciudadanía.

Y aquí vale la pena detenerse.

Las encuestas no son perfectas. Nunca lo han sido. Pero siguen siendo una de las herramientas más importantes para entender tendencias, estados de ánimo y comportamientos sociales.

Limitar excesivamente su circulación no fortalece necesariamente la democracia; también puede empobrecerla.

Porque una democracia madura no debería temerle a la información. Debería exigir transparencia sobre cómo se produce esa información.

La discusión, entonces, no debería centrarse en restringir la medición, sino en elevar los estándares de transparencia: metodologías claras, financiamiento visible, márgenes de error explicados y ciudadanía mejor informada para interpretar los datos.

Regular sí. Pero regular para fortalecer, no para silenciar.

Colombia necesita una conversación técnica, moderna y despolitizada sobre las encuestas. Una discusión que entienda que la investigación social no puede quedarse atrapada entre la rigidez normativa y el miedo institucional.

Porque cuando el exceso de control empieza a limitar la posibilidad de medir lo que piensa la sociedad, el problema deja de ser metodológico y comienza a ser democrático.

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