Colombia desde hace algunos años viene experimentando un proceso de polarización política generalizada, trayendo consigo circunstancias nunca antes vistas en el país y dejando visibles otras que sabíamos que existían, pero que sentíamos que las prioridades nacionales eran otras en su momento.

La guerra contra las extintas y fortalecidas FARC, el enfrentamiento contra los grandes capos y carteles del narcotráfico que se atrevieron a desafiar abiertamente al Estado colombiano y el accionar coordinado nacional de grupos paramilitares, fueron el centro de nuestra atención durante más de treinta años.

No significa que en la actualidad no exista una amenaza guerrillera, paramilitar o que no exista el desafío del narcotráfico, aún el país los enfrenta, solo que actualmente no amenazan la existencia misma del Estado institucional colombiano.

Ahora, esta situación que se deriva especialmente desde la firma de los acuerdos de paz con la gran mayoría de miembros de la antigua FARC, nos ha permitido a los colombianos tener el reflector de los medios de comunicación en otros asuntos tan graves que pueden ser comparados con la guerra de baja intensidad vivida durante 60 años en nuestro territorio, la mayoría de ellos relacionados con hechos nauseabundos de corrupción política y económica.

Además, no podemos ser inconscientes que en nuestro país contamos con unas instituciones de control y penales (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía), absolutamente frágiles y permeadas en muchas ocasiones por la amenaza de la prevalencia de intereses políticos y económicos individuales, causando que muchas de sus actuaciones estén subordinadas a estos y no al interés general.

Como lo anterior se ha vuelto una práctica endémica en nuestras instituciones políticas y de control, no debe extrañarnos la constante incoherencia que presenciamos diariamente en los mensajes emitidos y circulantes en los medios de comunicación del país, así como en las redes sociales.

Reflexionemos y preguntémonos algo más allá de nuestra simpatía ideológica:
¿Qué pasaría sí, el video donde aparentemente se ve a Gustavo Petro recibiendo en una bolsa un dinero en efectivo, no fuera él sino Óscar Iván Zuluaga, Ma. Fernanda Cabal o el mismo Álvaro Uribe?¿Cómo reaccionarían los simpatizantes de lado y lado?

¿Qué pasaría sí, el salpicado por el caso Odebrecht no hubiera sido Óscar Iván Zuluaga sino Gustavo Petro?
¿Cuál sería la reacción de algunos medios de comunicación y de los simpatizantes de Álvaro Uribe si la investigación por falsos testigos se llevara en contra de alguien de la oposición y no del expresidente?

¿Cuál sería la reacción de los sectores afines al actual gobierno nacional, si el informe emitido por la CIDH tuviera recomendaciones y llamados de “atención” a los alcaldes y gobernadores y no al ejecutivo presidencial?

¿Por qué el gobierno nacional entiende la importancia de la CIDH para el caso Venezuela, pero para el caso colombiano, sectores y actores afines al gobierno nacional, la tildan de no ser imparcial y buscan poner en entredicho su legitimidad?

¿Qué pasaría sí, el implicado en la investigación por Hidroituango no fuera Sergio Fajardo sino alguien afín al uribismo o al petrismo?

Algo es muy claro, los extremos son perjudiciales para un sistema democrático, y lo son, porque se nublan las opiniones y se visualizan los hechos a través de la “lupa que más convenga”, algo de cierta manera “entendible” en los políticos tradicionales que velan por sus intereses individuales, pero poco comprensible en el ciudadano “de a pie”, que en efecto tiene el poder al momento de acudir a las urnas para cambiar la situación del país desde la raíz.

Cada vez que surge un nuevo hecho o escándalo de corrupción, no puedo evitar preguntarme ¿qué tal sí, los órganos de control y de justicia comenzaran a actuar eficientemente y absolutamente de manera imparcial? Y no puedo dejar de responderme: seguramente estaríamos en un mejor país.

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