Si existe un sector que ha sido abandonado históricamente en Colombia es el campo. Sus veredas y corregimientos en gran parte del territorio nacional adolecen de vías de comunicación aptas para el desarrollo agrícola, no existe una red pública de salud adecuada para la atención a sus pobladores, no hay una conectividad que permita una rápida interacción con el mundo globalizado en la era de la información y del conocimiento; sus instituciones educativas cuentan con escasos recursos tecnológicos y pedagógicos para contribuir de manera eficaz al desarrollo agrario y en una gran parte de la llamada “colombia rural” se percibe una inseguridad ciudadana como consecuencia de la falta de presencia del Estado a través de sus instituciones.

La inoperante fuerza del Estado en regiones ricas en recursos naturales pero apartadas de los centros urbanos que contribuye infortunadamente al accionar de grupos al margen de la ley dedicados al narcotráfico, a la feroz explotación de los recursos naturales y a la minería ilegal, ponen todos los días en una condición de mayor vulnerabilidad a los campesinos de nuestro país. Por esto, es necesario atender la formalización del campo colombiano, comenzando con impulsar y fortalecer los emprendimientos agropecuarios, los que ameritan de acompañamiento técnico y asesoría empresarial para avanzar en la producción y comercialización de productos y servicios agrícolas.

En este sentido, se requiere de un tratamiento especial del Estado a las empresas que se constituyan en los sectores rurales entregando créditos blandos y oportunidades de comercialización con centros de acopio que faciliten una relación directa entre productores campesinos y compradores ; tarea que fue cumplida en el pasado por el IDEMA, que desarrollaba una intermediación del mercado, favoreciendo a pequeños y medianos productores agropecuarios y que hoy le hace mucha falta al campesinado para mejorar sus actuales condiciones e incrementar sus ingresos económicos.

De otra parte, en materia laboral: propongo que se cree un salario mínimo integral para los trabajadores del campo, garantizando su seguridad social, de tal manera que estabilice su precaria economía familiar, mejorando sus actuales condiciones sociales, sin afectar a los emprendimientos agroindustriales ; porque siendo la legislación laboral aplicable en toda la nación urge un régimen diferencial, que dignifique la vida en los sectores rurales.

Igualmente, hay que promover empresarialmente a las asociaciones de campesinos para que agreguen valor a sus productos con la implementación de la microindustria rural, generando mayor productividad y desarrollo económico, ya que la comercialización es un factor que incide directamente en los ingresos; toda vez que si no existe un canal directo para la distribución agroindustrial son los terceros comercializadores quienes se quedan con la mayor parte de las utilidades. El 86% del campo está hoy en la informalidad, lo que genera atraso y desesperanza para quienes labran nuestra tierra.

Cerrar las brechas entre la ciudad y el sector rural es prioritario, modernizando el campo en todos los aspectos, comenzando por la presencia de la institucionalidad en la salud, la educación, las vías, al igual que, en la actualización empresarial y laboral para que germine el campo.

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