Mario Germán Fernández De Soto

Plan Pacífico minero ambiental

Mario Germán Fernández De Soto

La falta de aplicación de una política pública de erradicación de minería ilegal es la causa de afectación directa al ecosistema del Pacífico colombiano, porque es precisamente aquí donde se presentan los mayores daños a nuestra biodiversidad. En el río San Juan, en el Chocó, y en el río Dagua, hay graves daños ambientales que requieren la intervención estatal para frenar la explotación aurífera que deforesta y acaba con las cuencas hidrográficas.

La ilegalidad minera en Colombia se encuentra concentrada en un 63 % en la extracción del oro y parece que no nos diéramos cuenta del enorme socavón en el que nos encontramos. Son más de 6.330 puntos de explotación ilegal que pueden representar alrededor de 200.000 hectáreas, de las cuales 47.000 constituyen bosques nativos ricos en biodiversidad, en medio de ríos y zonas selváticas seriamente impactadas por maquinaria pesada que “barre” la capa vegetal de las áreas explotadas, utilizando retroexcavadoras que sacan miles de toneladas de suelo formando surcos de hasta 20 metros con mercurio y cianuro, mezcla mortal para la vida humana y los ecosistemas acuáticos, hasta obtener a toda costa y sin prejuicios de ninguna naturaleza este precioso material.

Si bien es cierto que se ha definido a la minería ilegal como aquella que se ejerce sin los títulos legítimos y sin licencias ambientales, también lo es que se necesita proteger la minería ancestral que tiene como fundamento la sostenibilidad de comunidades cuya actividad ha sido transmitida de una generación a otra y que hoy reclama por la formalización a partir de su calificación técnica, de capital de trabajo y, lo más importante, de acompañamiento en la mitigación de los impactos ambientales, que permitan un desarrollo laboral amigable con el medio ambiente, generando ingresos productivos para su manutención y desarrollo social y económico.

Hay que empezar por legitimar a los campesinos mineros artesanales dedicados a la explotación aurífera, dotándolos de títulos del Estado para su extracción lícita. Los mineros informales del Chocó, productores de platino y de oro; los vallecaucanos del distrito minero ambiental desde El Dovio hasta Jamundí, que explotan también carbón y material de arrastre; al igual que en la cuenca del Dagua los artesanales con el oro y, por su lado, los mineros ancestrales de Suárez, Buenos Aires y el Tambo, en el Cauca, de la misma forma que los nariñenses dedicados al antimonio, el arsénico, la plata, el cobre, el cadmio, además del oro, claman por hacer parte de programas sociales y de emprendimiento que beneficien a sus familias y, de esta manera, evitar que se aprovechen de la situación de vulnerabilidad en la que viven actualmente, alimentada por la carencia de recursos económicos, dependiendo de organizaciones al margen de la ley que ocupan ilegítimamente los territorios.

Lo anterior ha generado que el 80% de las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el país los últimos 10 años se produjeran en regiones minero energéticas y que el 87% de personas en condición de desplazamiento procedan de estas zonas; al mismo tiempo que tienen que padecer a grupos de narcotraficantes, quienes actuando como reguladores de una economía ilegal en un mercado salvaje de explotación que demanda más metales para el abastecimiento nacional e internacional, imponen sus condiciones de producción y de comercialización.

Los Ministerios de Minas, Justicia, Defensa y Ambiente radicaron un Proyecto de Ley para establecer medidas de erradicación de la explotación ilícita de minerales en toda la cadena productiva. Se fortalecería a la Fuerza Pública y se penaliza el uso de mercurio, pero el éxito de esta medida no sólo está en una institucionalidad fuerte, sino también en acciones concretas para proteger el medio ambiente, nuestras cuencas hidrográficas, los Parques Naturales que, como el Farallones, están amenazados y cuyos reclamos han cobrado la vida de valiosos líderes sociales y ambientales.

Por ello, propongo un Plan del Pacífico minero ambiental que estimule una innovadora visión del desarrollo ambiental sostenible para la biodiversidad, que articule la gestión sostenible de los recursos hídricos, comenzando por educar a campesinos y pobladores del territorio; que impulse un verdadero programa de protección a nuestras cuencas hidrográficas y Parques Nacionales para la debida restauración del bosque nativo. Unos lineamientos idóneos de política minero ambiental que comprometa a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Alcaldías municipales y distritales en una gestión integradora qu,e como región, propenda por salvaguardar nuestra tierra a partir de una nueva visión a los colonos y comunidades mineras y campesinas en la conservación y preservación de recursos naturales, con proyectos de producción sostenible, que garanticen ingresos dignos a productores informales, propiciando la asociatividad y estimulando centros de acopio para la comercialización.

Para ello, es necesario un documento Conpes que cuente con recursos suficientes para llevar a cabo acciones para la adaptación al cambio climático, valorando los pasivos ambientales y que tenga capacidad para ejercer acciones de control y vigilancia en los territorios; que articule a todas las instancias gubernamentales, a las ONG y a la academia para la restauración integral de bosques y cuencas hidrográficas, trascendentales para la vida del planeta. Salvemos al Pacífico.

Comments

Comparte esta noticia...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Cargando Artículo siguiente ...

Fin de los artículos

No hay más artículos para cargar