Armar no es el camino

¿Perdón social o golpe de opinión?

Mario Germán Fernández De Soto

No dejan de asombrar las propuestas del candidato a la Presidencia de la República doctor Gustavo Petro cuando, entre otras cosas, plantea lo que él llama el “perdón social” para quienes han cometido delitos de corrupción política administrativa, los que han sido objeto de reproche nacional en momentos en que el país lo que reclama es transparencia y eficiencia en la gestión pública para la adecuada aplicación de los recursos del Estado.

Esta iniciativa recuerda lo ocurrido en 1953 con motivo del golpe militar de Rojas Pinilla, cuando fue precisamente aplicada una medida similar para amnistiar a algunos de los líderes de los movimientos insurgentes de la época contra el Estado colombiano, buscando aclimatar las traumáticas condiciones de violencia e inseguridad que vivía el país por aquellas calendas, conllevando de esta manera al establecimiento de un verdadero golpe de opinión.

Por supuesto que no son las mismas condiciones ni los mismos hechos históricos, pero sí son similares causas sociales que vale la pena analizar. Sobre este particular, algunos historiadores registraron cómo fueron los propios jefes de los partidos políticos quienes consintieron la intervención militar para derrocar el gobierno del entonces presidente Laureano Gómez, quien salió exiliado con su familia ante las difíciles circunstancias de la realidad nacional de ingobernabilidad y desestabilización social y política.

Corresponde opinar sobre el particular en la actualidad porque no creo que este sea el momento histórico para conceder un perdón judicial, figura que no existe en el ordenamiento jurídico, para quienes tanto daño han causado a las instituciones nacionales que hoy sufren la desconfianza de la ciudadanía y que, al contrario, exige justicia frente a la falta de respuestas del poder judicial a causa de las denuncias en relación con los malos manejos administrativos del erario público que están a la orden del día y que no pueden seguir siendo objeto de público cuestionamiento, sino, por el contrario, lo que espera la sociedad colombiana es el señalamiento de los corruptos a través de un juicio justo y su castigo si se demuestra su culpabilidad, para que no se repita este delito y se ejemplarice a las nuevas generaciones de administradores públicos que deben entender que los recursos públicos son sagrados y qué sobre ellos se debe informar y rendir cuentas para su correcta inversión.

No puede convertirse la propuesta de Petro en una estrategia politiquera para conseguir adeptos de los ya condenados a través de sus feudos electorales y clientelistas para sumar a su aspiración presidencial. No es esta la manera en que se debe formar a los nuevos ciudadanos consintiendo la malversación de los fondos públicos para llegar a la primera magistratura nacional.

Creo que es una mala propuesta, infortunada y desconsiderada con los colombianos que anhelan una nación libre de corrupción, donde se pregone por judicializar a quienes han ofendido a la sociedad abusando de la administración pública, pues son ellos quienes deben pedir perdón a la sociedad colombiana por el daño causado al futuro del país. Colombia necesita que rijan las leyes y merece que se haga justicia.

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